Perú demostró lo que creímos hubiera sucedido en Dominicana, de celebrarse certamen electoral justo y equitativo. Fujimori ganó primera vuelta y una semana antes encabezaba encuestas del balotaje celebrado el pasado domingo. Perdió del experimentado economista Kuczynski. Gran lección para la “encuestocracia” dominicana.
En 4 días, una nación con territorio 26 veces superior al nuestro, tres veces nuestra población, con menos tiempo de alternabilidad democrática que nosotros, transportando documentos electorales en canoas por su Amazonia ya tiene resultados definitivos. Nosotros a 4 semanas, todavía no tenemos resultados.
La diferencia fundamental entre ambos procesos casi simultáneos estuvo en el arbitraje electoral y sometimiento de partidos y candidatos a cánones institucionales.
Mientras en Perú su organismo supremo electoral aplicó rigurosamente la ley, llegando a eliminar candidatos que emprendieron acciones prohibidas como repartir dádivas entre seguidores; nosotros nos hicimos la vista gorda ante disposiciones constitucionales como la señalada en el párrafo IV Art. 212 de nuestra Constitución relativa a equidad en uso de recursos y espacios comunicacionales que la JCE debió reglamentar y velar por su cumplimiento.
Por la falta de arbitraje idóneo observamos un tollo electoral, como la mayoría de connacionales lo definen, mientras internacionalmente nos sitúan bajo conflicto social; potencialmente derivable en crisis.
La reciente posición asumida por los candidatos opositores -“no reconocemos los resultados de los comicios del pasado 15 de mayo… ya que los mismos han sido anunciados en violación de la ley”- se inscribe en esta dirección. Igualmente, el anuncio de los partidos opositores que denunciarán ante la Asamblea General Ordinaria de la OEA a celebrarse a partir de mañana en nuestro país.
Afortunadamente dentro del sistema interamericano vinculado a la OEA se cuenta con organismos con capacidad de asistir en el dilucidamiento de cuestionamientos legales similares a los formulados por la oposición dominicana: El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Este organismo fue creado para “contribuir a la consolidación de la democracia mediante…mediación política…y asistencia técnica…”. Entre sus parámetros de referencia se cuentan definiciones de cuando un Gobierno surge “al margen del ordenamiento jurídico”.
Como parte fundamental de los cuestionamientos de la oposición dominicana radica en que el escrutinio de votos no se efectuó como manda la ley, y la JCE no ha obtemperado al requerimiento formulado por los partidos de emitir certificaciones de observancia, podría recurrirse al IIDH para que nos asista en determinar si esta inobservancia sería aplicable a autoridades emanadas de unas elecciones celebradas “al margen del ordenamiento jurídico”.
Así nos ayudaría a evitar que los actuales conflictos postelectorales deriven en crisis política que pueda requerir involucramientos mayores de estos organismos.