EDUARDO JORGE PRATS
El presidente Leonel Fernández ha declarado que la proyectada reforma constitucional y el paquete de iniciativas de reforma político-electoral que someterá conjunta o posteriormente a la modificación de la Ley Sustantiva de la nación, servirán para propulsar una verdadera “revolución democrática”. ¿A qué se refiere el primer mandatario de la Nación con esta expresión?

Para responder a la interrogante, lo primero es que hay que descartar la conexión de la revolución democrática con propuestas plebiscitarias-autoritarias a lo Chávez, pues no hay nada más alejado de un modelo vertical, anti-plural e iliberal como el de la República Bolivariana que lo que propone el Presidente. El presidente Fernández ha hablado de fortalecer la democracia, el control de los poderes (principalmente del Ejecutivo) y perfeccionar las garantías de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho.

La propuesta presidencial se inscribe más bien en la lógica de “democratizar la democracia”. Para la oposición e importantes organizaciones ciudadanas, esa democratización sólo puede lograrse en el marco de una constituyente como expresión máxima del derecho de toda comunidad a reescribir su propia Constitución. Para el Presidente, sin embargo, la constituyente es excluyente en la medida en que los constituyentes monopolizan la representación popular y excluyen la consulta amplia al pueblo. Con razón, Luis Gómez, gran luchador por la constituyente, ha denominado al modelo presidencial de la consulta popular “consulta constituyente”.

Pero la diferencia más importante en quienes abogan por la constituyente y el Presidente es que el último está preocupado por los problemas del diseño institucional adecuado para sostener la democratización de la democracia. En otras palabras, Leonel Fernández está preocupado por la institucionalización de los derechos de participación ciudadana que son la savia de la democracia deliberativa y participativa. Sin esos derechos, derecho a la iniciativa legislativa popular, derecho de petición, derecho al referendo, no puede haber deliberación pues son esos derechos -ausentes en nuestro marco constitucional vigente- los constitutivos del discurso y los que definen el espacio del que emana la legitimidad democrática.

Por eso la reforma constitucional y su producto, la Constitución reformada, no puede ser vista como un punto de llegada sino como un punto de arranque de un nuevo tipo de democracia, que permita la democratización interna de los partidos y su consolidación como verdaderos articuladores de intereses, que fomente la autonomía municipal y los gobiernos locales, que incentive la participación amplia de la ciudadanía en todas las esferas del gobierno y que articule el control ciudadano de los poderes públicos, logrando así que la participación popular sea no un simple episodio sino una característica fundamental de la democracia. Solo así puede ser la democracia constitucional espacio de participación, deliberación y emancipación de ciudadanos libres e iguales en derechos.

Este es un momento crucial de nuestra larga transición a la democracia. El Presidente ha defendido la legitimidad del Congreso Nacional para reformar la Constitución. Ese Congreso, en el cual confluye la representación política del partido oficial y de la oposición, puede y debe ser el lugar natural para que un gran consenso político complete el ciclo del consenso social de la consulta popular y del consenso técnico de la Comisión de Juristas. Un consenso que debe estar impregnado de las demandas y propuestas ciudadanas expresadas en la consulta territorial y en la consulta sectorial, frente a las cuales los partidos no pueden ser indiferentes.

Las posiciones asumidas por Hatuey Decamps, Miguel Vargas y Milagros Ortiz Bosch frente a la reforma constitucional son un buen indicador de que el espectro socialdemócrata del abanico político ve en esta reforma una posibilidad de avanzar hacia un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho. Los aportes doctrinarios al proceso de reforma constitucional de representantes claves de la tendencia de Danilo Medina como Carlos Amarante Baret auguran un consenso a lo interno del partido oficial. La ampliación de los derechos sociales de la Constitución de 1966 y el redimensionamiento de valores constitucionales muy caros a la democracia socialcristiana como es el caso de la dignidad humana constituyen una magnífica oportunidad para que el Partido Reformista sea pieza clave de este consenso.

Son signos auspiciosos que auguran que el 2007 puede ser el año de las grandes transformaciones de nuestra democracia.