POR LLENNIS JIMÉNEZ
Familias amenazadas con ser desalojadas de las márgenes de los ríos Ozama e Isabela, y del puente Francisco del Rosario Sánchez, para dar paso a la construcción de obras del Estado, advirtieron ayer al gobierno que tendrá que solucionar sus problemas de viviendas, antes de tirarlos a las calles, porque de contrario, deberá matarlos dentro de sus hogares.

Mientras que organizaciones barriales acusaron al gobierno de priorizar la construcción de obras en desmedro de las habitaciones, y de sacar a las familias pobres de la tierra del Estado para cederlas a los urbanistas privados, como ocurre con una zona de Los Alcarrizos y de Villa Mella en Santo Domingo Norte.

Cientos de personas agrupadas en el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), montaron ayer una vigilia en la plazoleta La Trinitaria, para exigir al gobierno que desista de su práctica, de quitarles a los pobres las parcelas que limpian, para ponerlas en manos de las empresas privadas que desarrollan proyectos costosos.

COPADEBA reclamó al gobierno que decir dónde serán ubicados las familias que sacará de la orilla de los referidos ríos, para dar paso a la construcción de la vía perimetral y conexa al Metro, así como a las del puente de la 17, que será sometido a rehabilitación.

La coordinadora general de COPADEBA, Agustina Pirón, manifestó que está rota la mesa del diálogo que formaron con la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), debido a que los funcionarios del gobierno rechazaron la propuesta que hicieron las organizaciones para ubicar a los desalojados en los terrenos de las márgenes de los ríos Ozama e Isabela.

Portando cartelones en reclamo de su derecho a la vivienda y a la tierra, jóvenes, adultos y niños se congregaron en la plazoleta La Trinitaria, en la entrada de esta capital por el lado Este, para levantar su voz de protesta contra los desalojos.

“El barrio exigiendo está el derecho a la ciudad” y “no provoquen nuestro enojo, no queremos desalojo”, gritaba el conglomerado a viva voz, mientras se escuchaban las canciones del cubano Silvio Rodríguez y de otros artistas de corte social.

Las familias demandan de un título de la vivienda donde residen y solicitaron a los congresistas incluir en su agenda “el anteproyecto de ley de tenencia de la vivienda”, de manera que se les permita participar en el desarrollo de la ciudad.

APOYO BARRIAL
A la acción de COPADEBA se unieron otras organizaciones de la zona norte, como Ciudad Alternativa, que elabora las propuestas técnicas; Centro Padre Juan Montalvo, CODECI, CODEGUA, CODECIGO, entre otras entidades.

La coordinadora de COPADEBA dijo que la concentración fue en repudio y en rechazo a los desalojos que se ejecutan, tanto del sector gubernamental como de los sectores privados.

“También repudiamos el hecho de que el gobierno quiera implementar algunas obras sin tomar en cuenta el derecho que tienen los moradores, de saber hacia donde serán reubicados y cuál va a ser la respuesta que van a tener las familias que viven en la cercanía de los ríos”, precisó.

Pirón sostuvo que no han tenido respuestas del gobierno a sus reclamos, a no ser la militarización de los barrios en lista de desalojo, igual que ha sucedido en otros sectores donde se ha emitido decretos de desalojo.

Señaló que la excusa para militarizar los barrios en desalojo es que son “cunas de delincuentes”, lo que Pirón rechazó.

Advirtió que la violencia y la delincuencia también vienen de los desalojos. “Cuando a una familia se le derriba su techo de forma violenta y queda sin ninguna alternativa, eso es una forma también de violencia y de delincuencia desde el Estado. Si queremos erradicar la delincuencia tiene que ser con proyectos reales e integrales, porque nosotros tenemos derecho al territorio”.

La dirigente comunitaria planteó que el Estado permita que ellos construyan esos barrios, convirtiéndose en tractores que limpian y dan valor a las zonas, y luego de propiciar el progreso de un área, se las quiten para dárselas a sectores privados, que no benefician a los particulares.

Acusó al Estado de propiciar las invasiones de tierra, sobre todo, a los ayuntamientos para fines políticos y al gobierno central, con la finalidad de la reelección.

Recordó que el artículo 8 de la Constitución establece que el Estado debe proveerlos de viviendas dignas, sin embargo, ningún gobierno ha tenido esto en cuenta.

Aclaró que están dispuestos a colaborar con la solución de los problemas de la vivienda, siempre que el gobierno decida una solución.

Pirón dijo que el desalojo de la rivera de los ríos se está planteando desde el sector La Zurza hasta la avenida del Puerto. Explicó que en el área del puente hay cientos de personas, por lo que piden al Estado que haga un censo para determinar la cantidad de afectados.

EN LOS ALCARRIZOS
Más de mil familias están siendo amenazadas de desalojo en Los Alcarrizos, en Villa Esfuerzo, La Caleta, Boca Chica, según Pirón.

Planteó que la familia Vicini sigue siendo una amenaza de desalojo para miles de familias. Sostuvo que el gobierno está llevando lo que denominan la nueva cara del desalojo, que consiste en quitarles terrenos a familias para usar los territorios en obras.

La directora general de COBADEBA deploró que las familias reciban un trato injusto, pese a que pagan los servicios básicos. “No queremos que esto siga sucediendo en los barrios, porque vamos a tener una respuesta”.

Precisó que los residentes de La Ciénaga y Los Guandules cuentan con Plan Cigua, una propuesta que plantea al gobierno el rescate de la zona y la intervención para que la menor cantidad de familias sean desplazadas.

Asimismo, Jorge Hernández, miembro del Frente Independiente de Propietario de Viviendas La Ciénaga y Los Guandules, dijo que se oponen a la decisión de la OPRET, de que a los residentes esos barrios los desalojen, ya que están dispuestos a paralizar el proyecto.

Señaló que quieren casa para casa y que no ser así, están dispuestos a dar la vida para impedir que esto ocurra.

De su lado, Deyanira Martínez, residente a la orilla del río Ozama por el lado el sector Los Guandules, explicó que no abandonará su hogar hasta que se le diga dónde será llevada.

En tanto, el presidente de la Junta de Vecinos del sector Valle Encantado de Los Alcarrizos, Féliz Antonio Hernández, explicó que una señora se quiere apropiar de la zona afirmando que compró la tierra en 1997, cuando ellos la habitan desde 1994.

Expresó que tres mil familias están en zozobra en Valle Encantado, al igual que en el sector Canaán, porque solicitó al gobierno que los ayude, reconociéndoles el decreto que les emitió el ex presidente Hipólito Mejía, para la titulación que les reconoció el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).