Rice testificará comisión 11-S

Rice testificará comisión 11-S

WASHINGTON (EFE).- En un giro político de 180 grados, la Casa Blanca decidió permitir que su asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, declare en público ante la comisión que investiga los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La comisión también podrá interrogar en privado al presidente George W. Bush y al vicepresidente Dick Cheney.

El anuncio está contenido en una carta enviada por el abogado de la Casa Blanca, Albert Gonzales, a la comisión, en la que se indica que las comparecencias se autorizan bajo la estricta condición de que no sienten precedente y no se pidan más testimonios a los funcionarios presidenciales.

En la misiva, Gonzales indica que «el presidente reconoce las circunstancias verdaderamente únicas y extraordinarias que se encuentran tras la responsabilidad de la comisión de preparar un informe detallado sobre los hechos y las circunstancias de los terribles atentados del 11 de septiembre de 2001».

«A la vista del carácter único de la comisión y las garantías adicionales recibidas, el presidente ha decidido que… da su visto bueno, sujeto a ciertas condiciones, a la petición de la comisión para que Rice testifique en público», explica la carta.

Los miembros de la comisión han aceptado las condiciones, a las que también han accedido Dennis Hastert y Bill Frist, presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado, respectivamente.

En un comunicado, la comisión investigadora, que presiden el republicano Thomas Kean y el demócrata Lee Hamilton, indica que las decisiones anunciadas hoy «representan una importante contribución del presidente a la labor de este comité».

El anuncio se produce tras una semana de intensa presión a la Casa Blanca para que permitiera a la consejera de Seguridad Nacional testificar en público y bajo juramento sobre el modo en que se condujo el Gobierno antes de los atentados del 11 de septiembre.

La consejera de Seguridad Nacional había declarado ya en febrero ante miembros de la comisión, pero en privado.

Hasta ahora, la Casa Blanca alegaba que permitir la declaración impediría que en el futuro los asesores pudieran hablar al presidente con toda franqueza.

La controversia surgió a raíz de las denuncias del ex asesor para la lucha antiterrorista de la Casa Blanca, Dick Clarke, quien acusó a la Administración de no haber sabido valorar adecuadamente la amenaza terrorista y que antes del 11-S este asunto se había considerado como «importante pero no urgente».

En su testimonio de la semana pasada ante la Comisión, Clarke citó específicamente un memorando y varios correos electrónicos que envió a Rice, su entonces superior, en los que le alertaba sobre el problema.

El giro en la actitud de la Casa Blanca supone también que el presidente accede a declarar, siempre que sea en privado y de manera conjunta con Cheney, ante la comisión al completo.

Hasta ahora, Bush había indicado que sólo se reuniría con Kean y Hamilton y por lo tanto, los ocho miembros restantes del comité no podrían plantearle preguntas.

En declaraciones de hoy a la prensa, el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan justificó el que Bush y Cheney comparezcan juntos, y no por separado, para «garantizar que la comisión recibe toda la información que necesita y puede avanzar rápidamente hacia la conclusión de sus labores».

La polémica amenazaba con afectar a la popularidad de Bush precisamente en lo que hasta ahora era, a los ojos de sus conciudadanos, uno de sus «puntos fuertes», la lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional.

Según una encuesta que publica la revista «Newsweek», el porcentaje de votantes que aprueban la gestión presidencial contra el terrorismo ha descendido en la última semana del 65 al 57 por ciento.

La negativa a declarar había despertado numerosas críticas contra la Casa Blanca, tanto por parte de los demócratas, que denunciaban que la presidencia tenía algo que ocultar, como de las familias de las víctimas de los atentados, que lo consideraban un menosprecio.

Incluso republicanos, como el miembro de la comisión John Lehman, habían advertido que con su negativa, la Casa Blanca «cometía un grave error».

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