Un gran salto representó para el país llevar la inversión pública del sector educativo al 4% del Producto Bruto Interno. Pero como efecto de un irrefrenable atavismo criollo, estalló un crecimiento vertiginoso del gasto corriente en pensiones, jubilaciones y nombramientos administrativos que amenaza con tragarse la conquista presupuestal. Este descubrimiento, fruto de un estudio sobre la calidad de la gestión oficial, ha sido prudentemente acogido como crítica constructiva por autoridades dispuestas a auditar el personal. Se han nombrado muchos nuevos maestros, pero se han creado demasiado cargos sin relación directa con la docencia ni clara justificación como señal de una inveterada práctica de traspasar límites desde el usufructo del poder.
El país, justamente, tiene que disponer de más escuelas y docentes capacitados, racionalmente bien pagados. Es justo también ir cubriendo la deuda social con educadores que deban pasar a retiro. Pero debe evitarse el lastre de gastos excesivos dispuestos a veces en la Administración Pública por subordinación a la política. La falta de voluntad para el correcto manejo de las cosas, de ser frugal y preferir la eficiencia al derroche, siempre lleva a dudar que el patrimonio público esté celosamente protegido. La denuncia responsable sobre daños experimentados por costosos equipos de cocina pendientes de instalar en el sistema escolar caería en este contexto.

Galopes con rumbos distintos

Al recibir estadísticas el país tiene que coger y dejar con un granito de sal. Las zonas urbanas sumidas en pobreza siguen siendo más extensas y pobladas que aquellas de familias de mejores condiciones de vida. Caseríos de miseria en medio de caos y con hacinamiento y agudos déficits de servicios públicos. Allí la señal de que la economía crece a ritmo excepcional no tiene significación. El crecimiento que sí va al galope en esos conglomerados de todo el país es el número de jóvenes que no estudian ni trabajan. También galopa la delincuencia contra la que no bastan los débiles muros de contención del Estado. A toda marcha va también un endeudamiento público que supera el gastos anual en servicios de salud y galopa a sus anchas el alto costo de la vida, no porque haya demasiado inflación sino porque la movilidad social, en base a la elevación de ingresos promedios, es nula.