Riesgo sanitario permanente

Riesgo sanitario permanente

La insuficiente inversión para el tratamiento de aguas residuales y disposición adecuada de excretas mantiene en riesgo permanente la calidad del ambiente. A nivel nacional es escandaloso el volumen de aguas y materia fecal que se vierte sin tratamiento, contaminan las aguas del subsuelo y exponen a la población a numerosas enfermedades. Los detalles constan en una serie de trabajos que desde ayer publica este diario y que están basados en el Diagnóstico Nacional de Aguas Residuales y Excretas, realizado por el consultor Leonardo Mercedes como soporte para la Estrategia Nacional de Saneamiento que debe poner en marcha el Gobierno.
En la zona rural como en la urbana son alarmantes los volúmenes de aguas residuales que quedan sin tratar por insuficiencia del número de plantas de tratamiento. A esto se suma que el alcantarillado sanitario, donde existe, tiene deficiencias y limitaciones para manejar la cantidad creciente de vertidos, determinada por el crecimiento de la población. De las 428,000 toneladas de lodo producido por las aguas residuales domésticas, solo un 2% se trata y se dispone de manera adecuada en los sistemas sanitarios. La situación se ha ido agravando porque la inversión que hace el Gobierno en este renglón es insuficiente. El diagnóstico, en todas sus partes, revela la pobreza de los sistemas sanitarios del país y la amenaza que esto representa para la salud de todos.

Un insulto para  Santiago

Santiago ha vivido la pesadilla de la acumulación de basura en sus calles durante la mayor parte del tiempo en la pobre gestión municipal de las autoridades salientes. Sin duda un insulto para los laboriosos habitantes de una demarcación que siempre ha sobresalido por su vocación por la limpieza y el orden. Y ahora, para burla mayor, el Concejo de Regidores legisla en favor de sus miembros y del alcalde para aprobar un aumento de sueldos del 60%.

La decisión parecería fruto de un acuerdo con las autoridades electas, toda vez que el aumento entrará en vigencia a partir de agosto. Hace poco, el procurador general, Francisco Domínguez Brito, advirtió sobre la ilegalidad de estos procedimientos. Lo hizo cuando los regidores del Distrito Nacional trataron de asignarse pensiones. ¿Aplica la advertencia para el caso de Santiago?

 

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