Hay que afinar la puntería al momento de decidir a qué no dar exenciones o incentivos, a qué darlos y por cuánto tiempo, para evitar privilegios y competencia desleal

El presidente Luis Abinader, la empresaria de la industria Ligia Bonetti y el presidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte, Juan Ventura, han hecho recientes planteamientos que presentan la existencia de un mal de fondo en las exenciones fiscales que sería conveniente superar en el contexto de una reforma fiscal, porque revelan un sacrificio fiscal injustificado para el Estado y un tratamiento desigual para los agentes económico, que puede en algunos casos, incluso, generar competencia desleal.

Lo planteado por Abinader ocurrió el lunes 16 de septiembre y tuvo como escenario el encuentro LA Semanal con la Prensa, donde afirmó que el sector privado “tendrá que hacer sus sacrificios”, al igual que el Gobierno y lo hizo para apoyar su anuncio de que en la reforma fiscal se eliminaría “gran parte” de las exenciones que disfrutan diversos sectores empresariales y comerciales en el país.

Y las cifras revelan que las exenciones e incentivos fiscales han estado dando al Estado por donde le duele, pues deja de recibir el 30 por ciento de los ingresos potenciales, mientras que la pérdida, en promedio, de América Latina y el Caribe, es de sólo el 15 por ciento.

Desde otro ángulo, desde la de repartir incentivos fiscales sin cuidar debidamente el trato justo, el tema fue abordado por Bonetti en un artículo que escribió en el Listín Diario, bajó el epígrafe “El riesgo de avanzar sin una visión clara”. Se quejó la experimentada empresaria de que el sector industrial dominicano “ha sido prácticamente ignorado, mientras se coloca en un pedestal al capital extranjero de los hoteles y las zonas francas. Porque, por supuesto, el capital nacional parece ser menos importante, menos brillante y merecedor de incentivos”.

Y como para poner la tapa al pomo, emergió el presidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte, quien advirtió que «el sector no aguanta más carga impositiva” y que lo que “debe hacerse es una reforma integral, donde se revisen muchas exenciones que han sido otorgadas y que son un sacrificio enorme al Estado dominicano y que no rinden beneficios al país».

El desarrollo de una ecuación con estas tres variables, sin que asome el error, conduce a una inequívoca conclusión tridimensional: la carga que representan las exenciones e incentivos fiscales para el Estado dominicano es muy alta, si la comparamos con el promedio de la región; hay que afinar la puntería al momento de decidir a qué no dar exenciones o incentivos, a qué darlos y por cuánto tiempo, para evitar que se constituyan en un privilegio injustificado y en ningún caso deben concederse exenciones o incentivos si hay el riesgo de que sean utilizados para generar agujeros fiscales o competencia desleal entre empresas.