WASHINGTON. AP. La nueva promesa del presidente Barack Obama de buscar maneras para reducir la tasa de deportaciones de su gobierno tiene como fin apaciguar a los defensores de los derechos de los inmigrantes, pero conlleva riesgos para la Casa Blanca, la cual ha alegado que tiene poco espacio de maniobra.

Al pedir al secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson revisar las prácticas de aplicación de las leyes migratorias, Obama podría dar fin a los frágiles intentos legislativos para reformar el sistema de inmigración.    Y aun así podría no cumplir las expectativas de los grupos que apoyan la reforma migratoria y que han incrementado la presión sobre el mandatario para que dé marcha atrás a la política de deportaciones de su gobierno.

La Casa Blanca anunció el jueves que Obama había instruido a Johnson, quien asumió su cargo hace tres meses, para que buscara vías para que el departamento aplique las leyes migratorias “de manera más humanitaria”.    Luego, el presidente congregó el viernes a más de 17 líderes sindicales y defensores de los derechos de los inmigrantes en la Casa Blanca para lo que algunos participantes describieron como una discusión animada sobre sus políticas de deportación y sobre la estrategia para promulgar una reforma legislativa integral de las leyes de inmigración.

“El presidente mostró una gran compasión por las familias afectadas por la maquinaria de deportación”, Frank Sharry, director ejecutivo del grupo activista Frank Sharry, después de la sesión de casi dos horas. “Hubo menos concordancia sobre cuándo y qué debería hacer el presidente al respecto”.    Los participantes emergieron de la reunión con un exhorto unificado para que los republicanos de la cámara baja aborden la legislación migratoria. En privado, algunos dijeron que durante la reunión Obama expresó su descontento por las críticas que algunos de ellos le han hecho, incluido el llamarlo “deportador en jefe”.

Representantes de organizaciones que no fueron invitadas a la reunión con el presidente, como la Red Nacional de Jornaleros y DRM Capitol Group, dijeron que han formado un comité que preparará un informe sobre los efectos de las deportaciones y redadas en la comunidad inmigrante.

El comité, formado por activistas, dreamers, deportados e inmigrantes en proceso de deportación, planea enviar su reporte a Obama el 5 de abril.    La oficina del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, advirtió de manera mordaz que los remedios al sistema migratorio debe hacerlos el Congreso, no el presidente de manera unilateral.

El Senado federal, de mayoría demócrata, aprobó el año pasado un proyecto de ley integral que reforzaría la seguridad en las fronteras y crearía un mecanismo para naturalizar a muchos de los 11 millones de inmigrantes que entraron en el país de manera ilegal o que excedieron el plazo de sus visas. Pero la cámara baja, de mayoría republicana, ha tomado las cosas con más calma y se inclina por abordar el tema de manera fragmentada.

“No hay duda de que tenemos un sistema de inmigración que le falla a las familias y a nuestra economía, pero en tanto no se reforme por medio de un proceso democrático, el presidente está obligado a aplicar las leyes que tenemos”, dijo el viernes el portavoz de Boehner, Brendan Buck. “De no hacerlo así se dañaría —quizá más allá de lo reparable— nuestra capacidad para generar la confianza necesaria para promulgar una verdadera reforma migratoria”.

Pero los defensores de los inmigrantes insisten en que Obama necesita actuar con prontitud y de manera decidida para reducir las deportaciones, las cuales han llegado a casi dos millones durante su presidencia.    “Con decisión, en grande y ahora”, dijo Sharry, director ejecutivo del grupo activista America’s Voice. “El presidente tiene la capacidad para actuar respecto al vacío creado por la inacción de los republicanos en la Cámara de Representantes para proteger a las millones de personas que son de baja prioridad, y usar su autoridad ejecutiva de manera amplia”.    Ante tanta presión, que incluye interrupciones en actos públicos por parte de activistas, Obama ha insistido en que debe apegarse al marco legal, y que la única manera de reducir las deportaciones es mediante una ley aprobada por el Congreso.

Los funcionarios de la Casa Blanca minimizaron la capacidad del gobierno para tomar medidas unilaterales que reduzcan significativamente las deportaciones, y algunos reconocieron que era poco probable que los resultados de la revisión dejen satisfechos a los grupos activistas.    Aun así, el portavoz de la Casa Blanca Jay Carney afinó las declaraciones pasadas de Obama respecto a que cualquier acción ejecutiva era improbable, y dejó la puerta abierta a la posibilidad de que Obama tome alguna medida unilateral.    “El presidente entiende y está preocupado por el dolor causado por las separaciones que se derivan de las deportaciones, pero también entiende y ha dejado claro que no hay una solución completa que pueda promulgar por sí mismo”, dijo Carney.

“Esta clase de revisión no sería necesaria si el Congreso hubiera aprobado una reforma migratoria y el presidente hubiera podido promulgarla”, sentenció.