WASHINGTON (AFP).- El banco Riggs, que ocultó millones de dólares dudosos de sauditas o dictadores como Augusto Pinochet, puso en evidencia el laxismo de las autoridades reguladoras estadounidenses en la lucha contra el lavado de dinero, pese al fortalecimiento de sus leyes tras el 11 de septiembre.

   «La investigación demostró el pobre cumplimiento de las leyes federales y una supervisión laxista», declaró el senador Norm Coleman, presidente del subcomité del Senado que presentó el jueves un demoledor informe contra el banco Riggs y la entidad reguladora que lo controlaba, la Oficina de Control de Divisas (OCC).

   «Los reguladores siguieron tolerando el débil programa del banco contra el lavado de dinero, aceptando excusas cuando no se mejoraban las deficiencias y resistiendo la aplicación de las duras medidas», aseveró el senador Carl Levin, que encabezó el equipo que elaboró el documento.

   De esa forma, «aquí mismo, en el corazón de la capital de la nación, el Riggs ignoró sus obligaciones contra el lavado de dinero antes y después de la «Patriot Act», adoptado para impedir la financiación de atentados terroristas como los del 11 de septiembre, subrayó el senador.

   «Dichos ataques demostraron que el lavado de dinero es peligroso para nuestro país», agregó Levin, preocupado por la persistencia de transacciones dudosas tras los atentados.

   Los legisladores tenían bastantes motivos para quejarse. Su investigación permitió averiguar que Guinea Ecuatorial, dirigida por el dictador Teodoro Obiang, tuvo depositados «hasta hace poco 750 millones de dólares» en el banco estadounidense, con sede en Washington.

   Pese al «Patriot Act», que prohibió a los bancos aceptar dinero procedente de la corrupción internacional, un empleado de Riggs viajó desde Africa a Washington con un maletín que contenía tres millones de dólares en efectivo y pesaba 30 kilos, para depositarlos el 12 de abril de 2002 en la cuenta del banco.

   El documento también demostró cómo Riggs logró transferir 1,9 millones de dólares de «manera discutible» a Pinochet en Chile entre los años 2000 y 2002, mediante cheques de 50.000 dólares. Además, durante ocho años, no averiguó el origen de su riqueza.

   «La OCC identificó los problemas, pero los problemas subsistieron», afirmó Coleman. Dicha entidad «debe dejar de tolerar programas flojos contra el lavado de dinero», agregó Levin.

   El documento también destacó que Ashley Lee, el empleado de la OCC que revisó las cuentas de Riggs, Ashley Lee, principalmente las de Pinochet, fue contratado en agosto de 2002 por el propio banco.

   En cambio, la entidad reguladora sí impuso en mayo pasado una multa de 25 millones de dólares a Riggs tras hallar transacciones de decenas de millones de dólares en efectivo «a partir de cuentas en relación con la embajada de Arabia Saudita» en Washington.

   Consultado por la AFP sobre el informe, John Taylor, subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, se negó a hacer comentarios.

   Por su parte, los responsables de la entidad reguladora hicieron su mea culpa: «Debimos haber tomado antes medidas más fuertes», reconocieron en una declaración en el Congreso, en la que se comprometieron a ser más eficientes.

   «Esto demuestra que todavía queda mucho camino por recorrer», confesó Levin, mientras su colega Coleman pidió cambios en el control de los bancos.

   «Si el sector privado no respeta los poderes legislativos del Congreso, si los directivos dan poca atención a la aplicación de leyes como el Patriot Act, entonces necesitamos un tipo de supervisión diferente y más indiscreta para garantizar su cumplimiento», afirmó.