Adversarios locales superan en intensidad a otros cleros

A Juan Pablo II se debe que la Iglesia sea opuesta radicalmente a poner fin a la vida, aun cuando solo sea embrionaria. Antes, dejaba a los gobiernos decidir la inviolabilidad

La inclusión de excepciones a la penalización del aborto para la posible aprobación de un Código Penal adecuado a los tiempos en República Dominicana tiene ante sí un rígido rechazo de la alta jerarquía católica y de algunos otros liderazgos religiosos que alejan la posibilidad de arribar a un consenso sobre la «inviolabilidad de la vida» que por equidad debería valer tanto para el estado embrionario pre natal que para la condición adulta de las embarazadas, preservación no garantizada para ellas si prevalecen argumentos confesionales cerrados.

La posición absoluta, asumida en el país, contra las tres causales fundada en la fe más que en criterios de la ciencia y del derecho común para establecer el preciso momento en que comienza la existencia humana, sobrepasa en contundencia a la oposición de los pastores de almas en la casi totalidad de los países de predominio católico-romano en los que se avanzó oportunamente hacia el descargo de responsabilidad penal sin que se amedrentara a la sociedad con discursos casi apocalípticos.

Y luego han existido relaciones armoniosas entre esos estados y el clero.
En este marco de pesimismo y de inmovilización en los roles legislativos gravitados por las tenaces e influyentes opiniones de dirigencias eclesiásticas, hace aparición la fórmula transaccional llevada a la consideración de la sociedad por el periodista-ciudadano Juan Bolívar Díaz. diplomático en su quehacer actual del que hace un aparte para motivar actitudes encaminadas a superar el empantanamiento que priva de nuevas normas legales al país.

En esencia, Díaz propugna por la firma de compromisos Gobierno-Congresistas para propiciar una legislación que no llegue más allá de la despenalización de las tres causales, que solo se pueda interrumpir un embarazo antes de nueve semanas de la concepción, que se creen comités de médicos en capacidad de certificar que la vida de la madre corre peligro o que la gestación es inviable.

También que haya constancia legal de que el embarazo es fruto de violación o incesto ya denunciado a la autoridad correspondiente.

-Expresado con algunas diferencias de forma, ha sido este esquema de avenencias, que no libra sustantivamente de sanciones al aborto, el que ha permitido que en otras naciones (que son mayoría) se reconozca el derecho de la mujer sobre su cuerpo y su vida, vista como investida de atributos y personería jurídica, condiciones cuya anulación o disminución son inadmisibles tanto desde el punto de vista humanístico como desde lo cristiano.

Lo que está probado
La entidad Human Rights Watch hizo una investigación dos años atrás para medir las consecuencias que tiene para los derechos humanos la prohibición total del aborto en República Dominicana. «Dialogamos con 167 personas, incluidas mujeres y niñas, proveedores de atención a la salud y expertos en cuatro provincias. Se dio por comprobado que las consecuencias de legislaciones estrictas son crueles».

El sondeo estableció que las mujeres y las niñas con embarazos no planificados o no deseados, incluyendo los que resultan de violación o incesto o quedan diagnosticados como inviables, se ven obligadas a elegir entre un aborto clandestino o seguir adelante su preñez aunque no lo deseen y aunque esto implique graves riesgos para su salud, incluida la muerte, algo frecuente.

Se llega, por lo anterior expresado, a la conclusión de que cualquier postura radical de oposición a las causales lleva implícita la aceptación de la mortalidad materna (¿Sería acaso un daño menor?) con tal de que la penalización a la interrupción de los embarazos sea absoluta.

Sobre este país hay que agregar que la mayoría de los habitantes favorece despenalizar el aborto cuando peligra la vida de la embarazada o concurre alguna otra de las causales. Una encuesta de la firma Untold Research con sede en Estados Unidos captó que en República Dominicana el respaldo a la absolución por poner fin a embarazos por las razones citadas va desde un 79% a un 67% de los ciudadanos.

Si el 59.2% del universo poblacional se decía católico en República Dominicana en febrero pasado, se colige que al menos una parte importante de la feligresía identificada con Roma adopta una posición distinta a la del alto clero. Los cristianos en general son estimados en un 87%.

Qué pasa en Brasil
Clasificado en el Código Penal como «aborto necesario», la justicia brasileña impone restricciones a la interrupción del embarazo y la ha sustraído del carácter absolutamente ilegal para que pueda aplicarse cuando es imprescindible para salvar la vida de la gestante, si el embarazo se origina en una violación o si el feto ha sido diagnosticado con anencefalia o desarrollo anormal del cerebro y falta de huesos en el cráneo

Tras enfáticos movimientos de opinión para extirpar las causales como opción mediante una reforma de ley, el 65% de los brasileños se opuso a la modificación. Considerado el mayor país del mundo identificado con el Vaticano, Brasil cuenta con una población católica declarada que llega al 64,6%, una mayoría que lógicamente, debe incluir a muchos feligreses, sino a todos a favor de la legalización parcial.

Ecuador y México

El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 150 que rige a los ecuatorianos, establece que será un aborto no punible el que sea practicado por un profesional de la salud que se encuentre capacitado, que además tenga el consentimiento de la mujer, o de su cónyuge o familiares íntimos que sean representantes legales en caso de que ella no esté en posibilidades de consentirlo por sí misma.

México tiene en vigor el artículo 330 de una ley que reconoce a la mujer el derecho y la libertad de decidir sobre su cuerpo y practicarse un aborto siempre y cuando sea realizado antes de las doce semana de gestación. La facultad de Bioética de México suministró el argumento para la aceptación del aborto en consideración a que «después de doce semanas de la concepción, el embrión no es todavía un individuo biológico, porque le falta vida independiente. Además el embrión no tiene suficientes conexiones nerviosas para lograr actividad cerebral y percepción sensorial.

De ordinario las encuestas indican aceptación de las excepciones

Los no religiosos ven la interrupción como un asunto de conciencia

Vacilación en la cúspide

Hasta 1996 la posición que la Iglesia Católica asumía sobre la «inviolabilidad de la vida» era flexible. Hasta ese año, su catecismo oficial y de vigencia universal aceptaba implícitamente el recurso de la pena de muerte, diciendo textualmente «Si esta (la pena) fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas».

A renglón seguido hacía conocer que la Iglesia prefería que los medios incruentos fueran suficientes en todos los casos para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas.

La modificación que colocaba al Vaticano diametralmente opuesto a la pena capital estuvo contenida en una encíclica del papa Juan Pablo II, bajo cuyo reinado predominó el conservadurismo eclesiástico que retrocedió con la llegada del pontífice Francisco, que inauguró su ascenso al trono de San Pedro buscando correcciones profundas al mal de la pederastia, entre otras iniciativas progresistas.

El Santo Padre que llegó a decir: «los invito a no crear muros sino puentes, a vencer el mal con el bien, la ofensa con el perdón, a vivir en paz con todos». Anteriormente el Vaticano siempre evitó pronunciarse en esta espinosa cuestión de la inviolabilidad de la vida, entendiendo hasta hace poco que la decisión de adoptarla correspondía a los gobiernos de los países.

Costa Rica no es diferente

Aunque el país de más avances sociales y de nivel educativo en Centroamérica, mantiene una penalización en sentido general para los abortos, la ley los permite si es para preservar la vida o la salud de la madres.

En Costa Rica se validan las razones que permiten excepcionalmente considerarlo legal y las autoridades se valen de un protocolo llamado «Norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo».

Una encuesta de mayo 2021 dada a conocer por el Semanario Universidad, de San José, indica que la adhesión al catolicismo en Costa Rica bajó del 50% al 47.5%. Los evangélicos o neopentecostales se redujeron de 21 a 19%.

En Argentina, el año pasado el Congreso Nacional aprobó la ley de «Interrupción Voluntaria del Embarazo» despenalizando el aborto terapéutico en distintos casos siempre que la gestación no supere las catorce semana.