El presupuesto complementario, que no ha podido ser aprobado en la Cámara de Diputados por el rechazo de los legisladores de la oposición, busca lograr autorización para nuevas operaciones de crédito público, sin necesidad de remitir al Congreso los acuerdos de préstamos firmados para su aprobación o rechazo, afirmo ayer José Rijo Presbot, experto presupuestario.
Precisó que con el presupuesto complementario se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a concertar operaciones de crédito público mediante la colocación de bonos y/o crédito bancario en el sistema financiero por un monto de hasta RD$22,644 millones, a fin de cubrir la necesidad de financiamiento adicional, lo cual es violatorio a la Constitución.
Señala que la pieza hace transferencias en los capítulos de la Presidencia, Obras Públicas y de Administración de obligaciones del tesoro de partidas presupuestadas para cubrir cuentas por pagar con contratistas y suplidores del Estado de 2018 por RD$18,710 millones.
Recordó que el objetivo del proyecto de ley que modifica la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado de 2019 es reducir los ingresos, aumentar los gastos, el déficit y las fuentes financieras. Expresó que el presupuesto complementario viola no solo la Constitución, sino la Ley Orgánica de Presupuesto.