FABIO R. HERRERA-MINIÑO
Las autoridades de Medio Ambiente se han visto sometidas al intenso fuego de los ecologistas, que protestan por la decisión de autorizar de nuevo la extracción de agregados de algunos de los ríos, debido al exceso de los mismos en sus cauces y que ponen en peligro a varias poblaciones dominicanas.

No hay dudas que el acoso de los ecologistas en contra de las autoridades, después que las habían apoyado cuando se prohibió la extracción de agregados de los ríos, obligando a los dueños de las granceras a que abandonaran el lugar donde tenían instaladas sus maquinarias degradando el medio ambiente y mermando el caudal de los ríos, ha servido para avivar lo radical de las posiciones de los protectores de los ríos que rabiosamente exhiben un anti gobiernismo a ultranza, que quizás otra hubiese sido la actitud, si el gobierno estuviese bajo el control de otro partido político.

Cada año los ríos, por el elevado grado de deforestación existente experimentan grandes crecidas del volumen de sus aguas, arrastran millones de metros cúbicos de agua con piedras, arena, palos, lodo, etc., lo cual se depositan ya sea en la parte baja del cauce de los ríos, o en el embalse de las presas, que lo van colmatando y reduciendo su capacidad para almacenar agua y reduciendo notablemente su vida útil.

Entonces, el fondo de muchos ríos, como el Yuna, el Nizao, el Nigua, el Camú, el Ocoa, el Haina, etc., concentran, en caso de grandes avenidas como las ocurridas a finales de octubre, el elevado de los fondos de sus lechos en por lo menos unos 50 centímetros o más, por lo que se ha preparado el escenario para cuando se produzca la próxima gran avenida. Y ahora no hay que esperar 100 años para crecientes como las de la tormenta Noel, ya que por el cambio climático es probable que la frecuencia de esas tormentas ocurrirán más cerca una de otras, y pondrán en peligro de destrucción a varias poblaciones dominicanas.

Lo lógico es que se hubiese establecido un programa de adecuación de cauces de los ríos, que ahora se llevan a cabo algunos, extrayendo material o empujando hacia las orillas para formar unos muros, de forma que el lecho del río esté en condiciones de asimilar el volumen mayor de agua para que la misma no se desborde y ataque a importantes poblaciones ubicadas a orillas de esos cursos de agua. El centro de poblaciones como Baní, Bonao, San Cristóbal, La Vega, etc. podrían verse anegadas de agua si no se toman las providencias para proteger las riberas de los ríos.

Con la operación de las granceras se suponía que la extracción de agregados se realizaría a lo largo del cauce del río y no concentrado en un solo lugar. Las empresas prefirieron lo cómodo de establecerse en un punto y sacar el material de la vecindad, proclamando cínicamente que estaban preparando lagunas para la cría de peces, que le darían alimentos a los moradores de la región afectada por sus operaciones, destructoras del medio ambiente. Fue acertada la decisión de prohibir las operaciones de los extractores de agregados, ya que en ningún momento hubo una autoridad responsable para supervisar sus trabajos y máxime por la forma de cómo afectaban el cauce de los ríos, sin hacer lo correcto de restaurar el fondo natural el lecho, si trabajaran longitudinalmente.

Con la autorización de permitir la operación de las granceras, se arroja un vaso de agua fría en el ánimo nacional y en particular de los ecologistas radicales, que se frotaban las manos, ya que consideraban que se mataba la industria de la construcción, que es sostén de la economía, como se ve por el auge de las torres habitacionales por todas partes de la capital y Santiago.

El argumento de solo extraer material para los proyectos oficiales de recuperación del desastre provocado por la tormenta Noel no engaña a nadie, ya que se sabe cuál será la interpretación acomodada de la decisión oficial que debió ser mejor ponderada y al menos proceder a restaurarles a los ríos las condiciones naturales de sus lechos, aprovechando esos agregados en las construcciones.

A las granceras es difícil llevarlas a que se ajusten a la ley y a la obediencia para que realicen sus operaciones racionalmente, lo que es costoso, acostumbradas a trabajar por la libre, sin controles ni previsiones. Si ellos no pueden ajustarse a que sus unidades de lavado y triturado y de acopio de materiales se realice científicamente de proteger los cauces de los ríos y las poblaciones aguas abajo de los mismos, entonces debe prohibirse definitivamente sus operaciones, solo permitirlas en aquellas zonas donde se extraiga el material de cantera o en aquellos lechos que necesitan ser reencauzados para proteger vidas y propiedades.