Los últimos sucesos producidos por las crecidas de los ríos y desbordamiento de cañadas deben mover a reflexión a las autoridades, en primer lugar, y a toda la ciudadanía. Sería de insensatos que se sigan perdiendo vidas y bienes en las condiciones en que vienen ocurriendo estas inundaciones previsibles, únicamente porque hay una parte de la población que hace gala de su insensatez o ignorancia, ya que construye en lugares de alto riesgo. Pero al mismo tiempo, estos sucesos ponen al descubierto la ineptitud o la indiferencia cómplice de las autoridades.

Ha sido, sin dudas, la inconsistencia de las instituciones públicas –municipales y estatales – lo que ha permitido que muchas personas utilicen cañadas y lechos de ríos aparentemente secos para construir viviendas.

Los últimos diez años registran un rosario de sucesos que parecen no tendrán fin y, lo que es peor, es que aparentemente esto nada ha enseñado a nuestras autoridades – de todos los gobiernos y aún menos a toda la población que habita esos lugares. Se pone de manifiesto, insistimos, la insensatez de autoridades y ciudadanos cuando se han visto las consecuencias de sus acciones e insisten en mantenerse en los lugares que han sido definidos como de alto riesgo.

Muchos, sin dudas, han apostado a que los ríos quedan secos para siempre, sin tomar en cuenta que en el Trópico esto es un absurdo. Los ríos y arroyos bajan de caudal como consecuencia de la fuerte deforestación en las cuencas, pero es innegable que siempre que llueve los cauces se llenan y rebosan. Esto ocurre aún en los desiertos más secos del mundo. Parece, sin embargo, que ninguna de estas personas así lo entiende.

Los que han apostado a que las lluvias serán benignas siempre, incurren en una fatal conclusión que cobra cada vez más vidas y resulta económicamente más costosa para la Nación.

La vida de cada ciudadano es el bien más preciado de todas las naciones. Esto lo ha entendido la humanidad desde sus albores. Sin embargo, en muchas ocasiones actuamos como si fuera el material más deleznable, que puede ser desechado y destruido sin que eso nos afecte. Las autoridades, muchas veces, lucen indiferentes cuando las vidas son arriesgadas insensatamente, como es el caso de los que construyen dentro de cauces de ríos y cañadas.

Las autoridades, además, deben entender que la riqueza particular es parte de la riqueza nacional, que es un bien común, porque de una u otra manera influye en la vida económica y, por tanto, cuando se pierde, todos, de una u otra manera, perdemos.

En consecuencia, las autoridades deben aplicar la ley y hacer entender a quienes insisten en construir en el lecho de ríos o a la orilla de cañadas que con ello se arriesgan vidas y bienes. Deben entender que cuando se producen pérdidas de vidas y bienes se produce una pérdida nacional y como tal deben tomarse las previsiones para evitarlas.

La ley tiene mecanismos para impedir que por ineptitud o ignorancia algunos ciudadanos construyan en lugares donde arriesgan sus bienes y hasta sus vidas.

Es imposible pensar que esta acción deba continuar por la indiferencia o la inconsistencia de quienes se supone tienen la responsabilidad de aplicar la ley.