La riqueza y la corrupción son condiciones difíciles de disimular, sobre todo cuando conllevan la ostentación propia de la impunidad. Cuando la riqueza es producto de la corrupción pública o privada, ostentarla es una afrenta a la población honrada.

Despierta indignación, no envidia, mueve a repulsa en quienes abogamos por una sociedad decente y mejor para los dominicanos.

El cáncer de la corrupción pública vino con los españoles, siguió con la República y se oficializó en la dictadura de Trujillo.

El sátrapa sustentó su régimen en un insaciable poder económico unido a una innata vocación de criminal patológico.

Con la caída de la tiranía, vino un periodo de turbulencia política y saqueo de los bienes públicos cuyos beneficiarios fueron muchos militares y allegados al régimen.

Tras ese borrascoso período hubo elecciones libres en las cuales el profesor Juan Bosch resultó electo por el Partido Revolucionario Dominicano.

Hubo un intento serio de sanear la administración pública sobre la base de la honradez, la justicia social y respeto a los derechos humanos.

El intento resultó demasiado para un país cuyas estructuras de poder y corrupción trujillista se encontraban prácticamente intactos.

A los siete meses, se dio el golpe de Estado motorizado por militares corruptos, una burguesía inconforme y la anuencia de los Estados Unidos.

Luego vino la revuelta de Abril y la imposición norteamericana de Joaquín Balaguer con sus gobiernos corruptos y sanguinarios.

Por último, el PRD y el PLD con sus respectivas fábricas de millonarios en base al erario, quienes se pasean impunemente haciendo alardes del dinero mal habido.

Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo tendremos que soportar tanto descaro y vagabundería?