Nelson Marrero 
Los abusos a que han sido sometidos algunos recursos naturales de las dos terceras partes de la isla Hispaniola que a los dominicanos corresponden explican que se dude a veces de que proceda extraer sin riesgos y en apropiados volúmenes los contenidos de valor económico que abrigan los suelos, aunque los progresos tecnológicos con estricta aplicación de normas preservadoras del ambiente hacen posible explotaciones mineras responsables y remediables. Hacía allá va el país.
República Dominicana se encuentra ya en el lapso de unos tres años en que están programadas inversiones en la minería por US$3,400 millones dirigidos a extender la vida útil de aprovechamientos existentes y para nuevos proyectos en el marco de un renglón productivo llamado a aportar paulatinamente más del 2.0% del Producto Bruto Interno haciendo llegar a la economía sobre los RD$89,000 millones de pesos al año.
Algunos procesos químicos inherentes a la difícil separación de minerales de su presencia en la naturaleza siguen encerrando potenciales daños a superficies territoriales y capas freáticas y es lógico que las autoridades ambientales nacionales se hayan mostrado estrictas y cautas en el proceso de autorizar nuevos embalses para líquidos tóxicos residuales derivados de la obtención de metales preciosos en cualquier provincia del país.
Pero viene al caso reconocer que la forma de liberar de manera mecánica y con drenajes ácidos tales riquezas sin efectos negativos de infiltración en la capa vegetal ni con la llegada a cursos de agua a cielo abierto pertenece al modus operandi de entes mineros internacionales reconocidos.
Ha pasado a la historia la falta de conciencia ciudadana y de escrutinio oficial que propiciaban excesivas intervenciones privadas sobre áreas del país que deben permanecer vedadas a las explotaciones comerciales extremas que hacen desaparecer para siempre lomas, árboles y capas cultivables.
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Digna Intransigencia
Se aprecia que ahora existe un mayor compromiso con la seguridad de la biosfera y se ha intensificado el activismo de los núcleos conservacionistas que una y otra vez se han anotado victorias en el permanente desvelo por detener procesos que han restado bosques a las cordilleras y esfumado torrentes que a los llanos deben llegar desde lo alto.
En una ocasión las campañas cívicas sirvieron para impedir que se construyera una cementera en el parque Nacional de los Haitises, y en otra se ha logrado que permanezca intocable la loma Miranda mientras sigue vivo el rechazo al uso de carbón para generar energía lo que intensifica las causas del cambio climático y fue aumentado torpe y cuestionablemente en un pasado reciente.
Ha crecido sin parar, ciertamente, el pasivo ambiental generado por incursiones desmedidas, o sencillamente brutales, sobre reservas de grava, arena y gravillas de lechos y riberas fluviales para usos por la industria de la construcción, voraz como ninguna, que debería estar constreñida drásticamente a solo abastecerse de canteras secas.
Que solo se extraigan camionadas desde terrenos rocosos que no servirían para la agricultura y el operarlos no impactaría las cuencas hidrográficas. Procedería también aprovecharlos como alternativa a los procesos urbanizadores que despojan al país de suelos de primera categoría para la producción de alimentos. Que desaparezca la infame incursión de brigadas de individuos armados de picos y palas que desfiguran espacios para el agua sin estar constituidas ni autorizadas como entidades que se acogen a la ley.
La acción de los depredadores incluye azotar cíclicamente la bendición de la madre naturaleza llamada Dunas de Baní, destrucción que sorprende a autoridades que solo han combatido los crímenes ambientales que erosionan playas y ríos a partir de las alarmas que estallan en la sociedad civil y en los entornos habitados que van quedando sin medios de sobrevivencia por los continuos lapsos que propician la muerte irreversible de recursos naturales no vigilados.
Un espejo para RD
El resultado que les queda a países que permiten operaciones mineras no reguladas en sus ámbitos es de: desertización, deforestación y modificación degradante visualmente del relieve geográfico con pérdida de capacidad para la retención natural de agua por destrucción de depósitos a nivel de suelo y subterráneos.
Las técnicas de aplicación sin control para llegar al encuentro de minerales en superficie y a cielo abierto, por excavaciones subterráneas, perforación de pozos e incursiones submarinas o de dragado, han dejado estela de destrucción en diversos puntos del globo terráqueo.
En la cercana Colombia de espléndidas condiciones topográficas, los ecologistas formulaban hasta hace poco denuncias sobre «las consecuencias ambientales, sociales, culturales y económicas debidas a la pobre regulación, escaso control, falta de presencia del Estado y la protección a intereses particulares dedicados a la extracción minero-energéticas han puesto en evidencia complejos conflictos de carácter socioambiental».
Desde la óptica de los conservacionistas colombianos, en un momento dado se vislumbraban efectos desastrosos sobre las condiciones de vida, salud y tejido social de las poblaciones cercanas a los lugares donde se desarrollaban proyectos de explotación en las que quedaban envueltos directa o indirectamente.
