Los cables del paso soterrado de la avenida 27 de Febrero fueron sustraídos por desconocidos. Solo la búsqueda de alguna utilidad explica que haya gente que cometa este tipo de acción. Si alguien roba cables de la electricidad, que mayormente son de cobre y aluminio, es porque hay un mercado que paga por estos metales para exportarlos o venderlos aquí mismo. Pasa lo mismo con estructuras de hierro o acero y de bronce. Para desestimular los robos, las autoridades han sustituido las tapas metálicas de las alcantarillas por unas hechas de plástico, que, hasta el momento, no parecen gozar de demanda en el mercado de artículos robados.

Lo que asombra es que las autoridades no hayan acabado con estas sustracciones. El mercado de metales, sobre todo de metales robados, es muy limitado en este país. Las exportaciones de metales deberían tener el requisito de certificación de origen. Las empresas de fundición también deberían demostrar el origen de su materia prima. Aquí las empresas de electricidad y las de telecomunicaciones han perdido sumas cuantiosas por las sustracciones de cables. Los usuarios también han pagado su cuota por estas prácticas. El daño que hacen las sustracciones de tendido eléctrico debería inspirar a las autoridades para contrarrestar este negocio. Hay que actuar con firmeza contra la demanda y oferta de cables robados.

La información oficial es de todos

El grupo cívico Participación Ciudadana, al presentar una campaña que promueve la nueva imagen de la ley 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, ha puesto de manifiesto el escaso uso que dan los ciudadanos a este instrumento de derecho y la frecuente denegación de información por parte del sector oficial. Sin duda esta decidia del ciudadano alimenta el ocultamiento de información pública y esto resulta nocivo para la transparencia.

Es absolutamente necesario que el ciudadano conozca la importancia y utilidad del acceso a la información pública y la comprobación de su veracidad, como medio no solamente de ejercer un derecho individual, sino fundamentalmente para resguardar los derechos de la colectividad. La transparencia en toda gestión oficial solo es posible si los ciudadanos exigen tener acceso a la información pública y hacen valer ese derecho acudiendo a las instancias previstas por la ley 200-04.