Por Ángela Peña
Roberto Cassá renunció de la Comisión Consultiva del Archivo General de la Nación por medio de una carta contundente, estremecedora, en la que es evidente el estado de alteración que produce lo que fue prácticamente una burla de las autoridades culturales frente al trabajo de los preocupados integrantes de ese equipo que, alarmado por el indetenible deterioro del organismo llamado a preservar la memoria nacional, se fajó a elaborar un proyecto para rescatarlo y modernizarlo recibiendo a cambio, indiferencia, descortesía, comunicaciones sin respuesta y trabajos cosméticos que en vez de ayudar a la recuperación de esa institución abandonada a su suerte, lo que hicieron fue descomponer lo que llevaba años correctamente clasificado y colocado.

El presidente de la Academia de la Historia dimitió indignado, con toda la razón del mundo. Esa Comisión fue creada por decreto y un grupo de profesionales reconocidos se empleó a fondo preparando un informe ante el que nunca reaccionó ni Su excelencia, el agrónomo Hipólito Mejía, ni el señor secretario de Cultura, Tony Raful, “pese a que este último informó, en presencia del subsecretario Andrés L. Mateo, cuando le fue entregado dicho documento, que convocaría la semana siguiente una reunión de la Comisión Consultiva. Esa convocatoria nunca se recibió. En solo una ocasión recibí una convocatoria firmada por el subsecretario Mateo, que después fue cancelada”, escribe el doctor Cassá.

La misiva que con justificada indignación envió al Presidente el distinguido historiador es bastante extensa –cinco páginas a un espacio y casi cincuenta con los documentos anexos- porque detalla todos los pasos de la Comisión frente a funcionarios que ni amagaron. Cassá y sus compañeros calcularon los gastos de reorganización en RD$26.2 mientras que la doctora Esmeldy Belliard, los estimó en RD$30.7. “La evaluación de la doctora Belliard no me fue transmitida y probablemente tampoco a los demás integrantes de la Comisión Consultiva”, apunta el también académico y sociólogo. De ahí no pasó la poca atención de Cultura, según la correspondencia.

Lo más alarmante y arbitrario fue el terrible daño que hicieron al Archivo en el mes del febrero, del cual fueron víctimas y testigos los usuarios, que don Roberto desmenuza con claridad en la misiva en que explota. “…Con motivo de la aplicación de pintura a las paredes y anaqueles de los depósitos, gran parte de los legajos habían sido dejados en pasillos de forma desorganizada. Motivada por tan grave ocurrencia, la Junta Directiva de la Academia remitió una carta al Secretario de Cultura, en que reiteraba el criterio de que “las obras dentro del Archivo deben estar inscritas en una perspectiva planeada integral”. Nadie nunca explicó la necesidad de esas labores. Pinturita es lo que menos necesita el Archivo. Pero lo más grave fue que los libros y documentos fueron sacados de su lugar sin el más mínimo ordenamiento. Cassá dice que ante el problema, Raful dispuso que la administradora de Cultura, la señora Belliard, se reuniera con ellos, pero hubo más divergencias que acuerdos y no se llegó a ninguna solución. Se ha comprobado que volver a numerar y fichar esos fondos, se tomaría alrededor de diez años, informa Cassá.

De nuevo otras comunicaciones a Raful que quedaron sin respuesta, cuenta. Dejaron abierto un compás de espera, por si era que la situación política lo envolvía, y nada. Conclusión: “la temática del Archivo General de la Nación no resulta del interés de las instancias responsables del gobierno”, anota el reputado escritor. Mientras, el Archivo sigue en ruinas, ahora peor. Ese legado de descomposición fue el premio que le dejaron Cultura y esta administración. Conste, que en la carta hay pormenores de otros tremendos desacatos. Pena que no se pueda reproducir completa para que el pueblo comprenda los motivos de tan justificada dimisión. De por sí, leer la carta y comprobar tanta indolencia, irrita.