El doctor Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral, ha demostrado de manera coherente su cortejo pegado a todo el tinglado constitucional del organismo que organiza los certámenes electorales, que endosa la certificación a las autoridades electas para conducir el destino nacional.

Su trayectoria en la JCE ha resultado rectilínea, logrando avances notables en su funcionamiento, acorde a las exigencias cambiantes de la sociedad en demografía, limpieza del padrón y normalizar los expedientes sugeridos luego de la proclamación de la Ley 168-13 que por primera vez delinea de manera expresa lo concerniente a quiénes somos y no dominicanos.

El 26 de noviembre último, el doctor Rosario concedió una segunda cita al embajador de Estados Unidos, James Brewster, y luego de una conversación de dos horas, nada se reveló a la ciudadanía, y se espera que en su momento, el doctor Rosario, en una rueda de prensa o un comunicado, ilustrará a sus paisanos lo tratado con el representante del presidente Barack Obama en nuestro país.

Empero, como a buen entendedor pocas palabras bastan, previo a la cita del diplomático norteamericano con el presidente de la JCE, el 25 de noviembre, el primero, en el escenario de la Cámara de Comercio, expuso, entre otros señalamientos, que los dominicanos debemos disponer de garantías a sus derechos fundamentales, casarse, declarar a sus hijos como ciudadanos dominicanos y otros derechos.

Es en el punto de la declaración de los hijos como ciudadanos dominicanos el quid del tama central que trató 48 horas después con el presidente de la JCE, y traduce un guión normativo persistente de presión del presidente Obama para con nuestro país en el sentido de que aceptemos como dominicanos a todos los nacidos en territorio dominicano, sin excepción de que el origen de sus padres fuesen dominicanos.