Roberto Rosario Márquez, abogado, político e informático, ejerció durante el periodo 2010-2016 la presidencia de la JCE más beligerante de los últimos tiempos. Mandato conflictivo, porque actuó como representante del PLD, enfrentando continuamente a sus colegas portavoces de los partidos de oposición.
Concomitante a la confrontación, la presidencia de Rosario se caracterizó por un ambiente escandaloso, como la compra en el exterior de unos escáneres valorados en 39.0 millones de dólares, cuyo destino final jamás ha sido esclarecido, y por haberse convertido en el primer miembro de la JCE a quien el Estados Unidos le retira el visado.
Cuando el Senado designó a la actual JCE, Rosario retornó a la militancia activa en el Comité Central del PLD, de donde renunció junto al doctor Leonel Fernández para irse a conformar el grupo Fuerza del Pueblo (FP), asumiendo el rol de principal orientador informático y portavoz del exmandatario.
Unas declaraciones suyas llaman poderosamente la atención y deben ser investigadas. Según dijo en un programa televisado, él se enteró temprano el sábado de los percances que ocurrían con el sistema automatizado. La preguntaron cómo se había enterado y confesó que tiene influencia dentro de la institución, con un personal propio trabajando en la JCE.
Rosario había nombrado funcionarios, técnicos y empleados, quienes han conformado una “estructura” dentro de la entidad electoral, que no ha sido removida por el indulgente doctor Julio Cesar Castaños Guzmán. El grupo LF, opositor intransigente al voto automatizado, posee los recursos humanos, técnicos y económicos, más la voluntad conspirativa, para operar desde dentro de la JCE, provocar el colapso del sistema automatizado para forzar la unificación de los comicios con el voto manual.