En los predios del PLD prevalece la opinión de que al Presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, se le han subido a la cabeza los “humus” del cargo. Similar juicio sostienen también algunas viejecitas, antiguos compañeros y amigos residentes de las calles Juana Saltitopa esquina 13, del barrio Villa María, de Santo Domingo, donde creció, tras llegar de las Matas de Farfán, el ahora reconocido abogado y titular del tribunal electoral.
Los peledeístas, cuyos nombres reservo por razones obvias, estiman que Rosario Márquez no desaprovecha la oportunidad para golpear a la organización dentro de la cual se desarrolló hasta ocupar un puesto en el CC, que lo catapultó posteriormente hasta la encumbrada posición que ostenta hoy.
La queja se origina a propósito de la resolución de la JCE, impulsada por Rosario, que impide a los legisladores oficialistas utilizar durante la campaña electoral el dinero proveniente del Fondo Especial de Asistencia Social del Estado, mejor conocido como “barrilito”, so pretexto de que les otorga ventajas competitivas frente a los aspirantes opositores a cargos electivos.
Los senadores acogieron a regañadientes la resolución, estableciendo la ilegalidad de la misma debido a que el susodicho Fondo Especial es una ley aprobada por el Congreso, parte del Presupuesto General de la Nación, que no es susceptible de derogación mediante una resolución del tribunal electoral, sino por otra ley salida del Congreso.
Evidentemente, los senadores y diputados la han acatado para evitar innecesarios incidentes contradictorios durante el presente proceso electoral, el cual estiman están ganando cómodamente tanto con la reelección del Presidente Danilo Medina, como en el Congreso y las alcaldías.
La reintroducción al Senado de los proyectos de ley de partidos y ley electoral, en las actuales circunstancias, obedecen a las mismas causas: “el humus”.