Personas han muerto atropelladas por vehículos de todo tipo al tratar de atravesar la avenida 30 de Mayo a la altura de la universidad del Caribe en el Distrito Nacional. La mayoría de ellos acudían a saciar su hambre y sed de conocimientos y en su lugar encontraron la muerte.

Suponemos que esos tristes hechos motivaron al honorable Concejo de Regidores del ayuntamiento de Santo Domingo en el mes de octubre del año 2012 a aprobar mediante resolución la construcción de todos los puentes peatonales necesarios en la Av. 30 de mayo.

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, amparada entre otras cosas en esa resolución de las autoridades edilicias y en fiel cumplimiento de sus atribuciones como departamento adscrito a la Presidencia de la República para la ejecución de obras muy particulares, inicia la construcción de un puente peatonal en la Av. 30 de Mayo. De manera inexplicable, en el mes de mayo del año 2013 el alcalde de la capital somete ante el Concejo de Regidores del Distrito Nacional un proyecto de resolución con el cual prohibe la construcción del puente peatonal en cuestión. Dicho proyecto de resolución, al igual que todo lo que propone el señor Salcedo, fue aprobado por la misma sala capitular que siete meses antes había autorizado la construcción del puente para los peatones, procediendo así a la cavernícola demolición amparada en la faraónica autoridad que le confiere su feudo municipal. Desconocemos las razones por las cuales los mismos regidores que mediante resolución aprobaron ese puente peatonal, luego por la misma vía lo desaprueban. ¿En qué o quién creo?

Lo cierto es que la ausencia de esa importante obra seguirá provocando muchas muertes lamentables en ese tramo de la Av. 30 de Mayo, pero ahora las mismas serán de la exclusiva responsabilidad del alcalde Roberto Salcedo y de quienes le han acompañado en la aventura irracional de prohibir la construcción de ese puente peatonal.