El director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), Roberto Santana, dijo que está preocupado por tres fugas de reclusos de tres cárceles.
Llamó a la Procuraduría General de la República y al sistema penitenciario a investigar y sugirió tomar las medidas drásticas correspondientes. “En los últimos tiempos, ha habido tres fugas de tres centros distintos. Eso es preocupante, observable y hay que investigarlo”, sostuvo, tras aclarar que no corresponden al nuevo modelo penitenciario.
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En otro aspecto, Santana defendió la honestidad y la rigurosidad del juez de la ejecución de la pena de San Cristóbal. José Manuel Arias, a quien se le cuestiona que otorgara la libertad a dos condenados a reclusión de mayor por casos considerados criminales. Precisó que conoce al magistrado Arias. “Es un juez rigurosamente serio y honesto; lo defiendo en cualquier plano”, enfatizó.
Sostuvo que el juez de ejecución de la pena tiene la opción de aplicar determinada modalidad de cumplimiento de la condena. Opinó que si los jueces serios no pueden tomar decisiones difíciles, es “pasarle un paño por encima a la corrupción”.
El juez Arias es cuestionado por otorgar la libertad a José Eduardo Ciprián Lebrón, alias Chuki, en octubre del 2024, cuando cumplió cinco de los 10 años de la sentencia que se le impuso por participar en el atentado que casi le quita la vida al salón de la fama del béisbol de Estados Unidos, David Ortiz (Big Papy), en el año 2017. Habría cometido el atentado estando en prisión por otro hecho.
Disfrutando de la libertad condicional, confiada a un garante y otorgada por el juez que dijo estar convencido de que el condenado quería superarse, Ciprián Lebrón murió al ser titoteado mientras transitaba en una yipeta por una calle del barrio Libertador, en Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, lejos de Baní, provincia Peravia, donde debía cumplir su libertad condicional.
La segunda decisión que le ha ocasionado cuestionamientos es por autorizar un régimen especial de permiso laboral al exembajador Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado en el 2019 a 20 años de reclusión por incesto contra su hijastra, desde que tenía 11 años de edad. Trabajaría como profesor en la Escuela Nacional del Colegio de Abogados (CARD), que revocó esa decisión.