En los últimos dos años el número de reclamaciones  por  robo de identidad y/o suplantación se incrementó a 3,540, lo que ha provocado que a la fecha la junta Central Electoral (JCE) haya dispuesto la cancelación de 1,369 cédulas de identidad y electoral a igual número de personas, y tenga en investigación las demás.

 La información la dio a conocer ayer el magistrado John Guiliani, quien atribuyó la situación al alto índice de deportados  y al subregistro de fallecidos.

Explicó que  muchos  de los deportados  poseen la cédula de identidad vieja  y por eso pasan “desapercibidos” en la base de datos de diversas instituciones.

  Dijo que eso les permite además obtener la identidad de un ciudadano fallecido cuyos familiares no han agotado los procesos de defunción establecidos y que permiten a la JCE sacarlos del  Maestro de Cedulados.

Un extraditado. El doctor Guiliani, quien es el coordinador de la Comisión de  Inhabilitados de la JCE, mostró a los periodistas varios expedientes de suplantación y/o robo de identidad a personas vivas y  fallecidas, con fines de obtención de documentos para viajes.

 Entre ellos figura el caso de Antonio Torres (a) “Tatín”, quien fue deportado de  los Estados Unidos y volvió a viajar a esa nación con la identidad de Teófilo Alfonso Torres.

 Según el expediente, el suplantado declaró que su acta de nacimiento fue utilizada sin su consentimiento por la madre de “Tatín”,   quien es su madrina, “para que su hijo realizara un viaje, debido a que lo habían deportado de los Estados Unidos y por esa razón viajó utilizando una identidad falsa”.

Intento fallido. Otro caso  señalado es el de Domingo Antonio Tavárez Plasencia, quien intentó obtener una cédula de identidad y electoral a nombre de su hermano Mauricio Tavárez Plasencia, ya fallecido y cuatro años menor que él, para poder viajar a los Estados Unidos donde residen sus padres.  

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 Habla deportado

El presidente de la Fundación Bienvenido seas, René Vicioso, exigió a John Guiliani, miembro  de la Junta Central Electoral, que presente las pruebas que respalden su declaración  de que repatriados usurpan  identidad de fallecidos para evitar que se conozca su condición de deportados.

 Juez hace daño

“En el país hay más de 60 mil deportados y según la Policía Nacional el índice de criminalidad de esos 60 mil es de un 1.5 por ciento del total, lo que indica que nosotros no somos el problema y este juez  con sus declaraciones infundadas  nos hace daño”, expresó.