Mientras en el país no se fiscalice y garantice el origen legal de los repuestos usados que se venden libremente, no se detendrán los robos de carros y jeepetas, así como los crímenes relacionados con esta actividad que cada día toma más fuerza. Pasa algo similar con la activación indiscriminada de los llamados “macos” o teléfonos celulares sin determinar la legitimidad u origen legal de los mismos, solo por el interés de ganarse unos pesos.

Ambas actividades son fuentes de crímenes porque quienes roban celulares y vehículos de motor van dispuestos a asesinar a quienes les pongan resistencia, como ha sucedido en diversas ocasiones.
Dichas acciones resultan lucrativas porque los celulares son activados en violación a la ley, e igual los vehículos robados, muchas veces con violencia, generalmente son desguazados y vendidos por piezas.
La venta de repuestos usados es común en los alrededores de la “La veinte”, donde hay negocios que sin ser importadores poseen inventarios millonarios de repuestos usados de todas las marcas de vehículos en perfectas condiciones.

La industria del desguazamiento de jeepetas y carros robados es tan eficiente que se estima que si un automóvil no es recuperado en las dos primeras horas de su sustracción, es caso perdido.
Es evidente que existen talleres dedicados a estas prácticas y que gozan de protección o de la “vista gorda” de determinadas autoridades policiales debido a que por muy escondidos que estén pueden ser ubicados.

Los asesinatos del coronel Ubrí Boció, del periodista Blas Olivo y de la joven estudiante Franchesca Lugo, deben servir de detonante para que las autoridades combatan este comercio ilegal que ha propiciado tantos crímenes.