El robo, sin excepción de modalidades, ha pasado a ser entre nosotros tan endémico como el dengue o la malaria, y como éstos, tenemos que tratarlo como una verdadera enfermedad de orden social.

Hace dos o tres días, agentes policiales atraparon a seis personas que sustraían las tuberías del acueducto de Jamey, en San Cristóbal, y que habían dejado sin agua a unas veinte mil familias.

 Menos de una semana después, la torre número 43 de la línea de alta tensión Azua-Monte Río derribada por ladrones que robaron tornillos y otras piezas.

La firma minera Barrick Gold fue víctima recientemente de una tentativa de robo de combustible.

Frecuentemente se producen robos de  tapas metálicas de alcantarillado, cables del tendido eléctrico, partes de puentes y otras estructuras, verjas de residenciales y vehículos.

Hay que contar los robos y asaltos a residencias y establecimientos comerciales que han forzado a la gente a convertir sus inmuebles en fortificaciones llenas de rejas por doquier.

Evidentemente que la sociedad dominicana está atravesando una situación que debe ser tratada como una verdadera enfermedad que conjuga la abundancia y frecuencia de los robos con una preocupante  falta de autoridad para contener y castigar estos actos.

Ni para cubrir las apariencias

A las autoridades de este país parece importarles muy poco  lo que perciban  organismos como el Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional o el Banco Mundial respecto de la transparencia con que hacemos las cosas.

Por esa razón, probablemente ninguna autoridad calificada comentará siquiera el artículo que publicara ayer en este diario el economista e historiador Bernardo Vega, sobre las graves consecuencias  que le deja la corrupción a este país.

 La postura oficial ante la corrupción queda al desnudo con la ausencia de acciones contra casos específicos de actos indecorosos detectados mediante auditorías a dependencias del Estado. La “inanición” a que se somete los resultados de estas  auditorías revela cuanto interés existe a nivel oficial para adecentar la gestión pública.