En el inventario de acciones que tipifican el ambiente de inseguridad general reinante, caracterizada por actos de delincuencia que desafían la capacidad de las autoridades, hay que contar los robos de cables de telefonía.

Tan solo en la region del Cibao, esos robos han representado en lo que va de año pérdidas que se aproximan a los RD$50 millones para las empresas Verizon y Tricom, y todavía no concluye la cuenta.

Y tan significativas como estas pérdidas son los perjuicios en términos de molestas interrupciones de servicio cada vez que un segmento de estos cables multifilares es cortado por los ladrones.

Un aspecto grave de la situación es que las autoridades no han logrado desmantelar los grupos que se dedican a robar cables para vender el cobre a las fundiciones.

Aunque las empresas perjudicadas han presentado reiteradas denuncias, las autoridades no han logrado que sus investigaciones permitan desmantelar alguno de los grupos dedicados a esta práctica. Que se sepa, nadie ha sido condenado por estos robos, si es que acaso ha habido sometimientos.

Las indagaciones no han dado resultado a pesar de que no es tan fácil transportar y esconder kilómetros de gruesos cables, como los que se emplean en las comunicaciones telefónicas alámbricas. Además, no creemos que sean tantas las empresas de fundición que compren cobre, y particularmente robado.

La situación es tan grave, que las empresas telefónicas perjudicadas han tenido que hacer inversions extras, no solo para reponer los cables sustraídos con todos los costos que esto implica, sino también contratar seguridad adicional para vigilar el alambrado.

El país, que está cada vez más alineado en la apertura comercial, no puede darse el lujo de no responder puntual y atinadamente ante casos que ponen en riesgo importantes inversions habidas y que, quizás, espantan otras tantas por haber.

Definitivamente, hay que garantizarle la seguridad necesaria a inversiones tan importantes y estratégicas como el servicio telefónico.

La Información

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