La sociedad dominicana aspira a que las autoridades coloquen efectivos valladares contra la violencia y el crimen mayor que derrama sangre y contra lo que ellas mismas reconocen como un problema serio: la corrupción en distintos niveles.

Esa que va desde el macuteo con que lesiona al ciudadano en cualquier trámite burocrático, hasta las contrataciones y compras de envergadura que el Estado hace en ausencia de concursos públicos, sospechosas por naturaleza, y violatorias de la ética del poder, independientemente de las leyes y decretos regulatorios que a veces se amaga con hacer valer de manera permanente.

Pero existe también, como extendido azote, el robo de menor cuantía; el que despoja de prendas, carteras y celulares y el que incluye el escalamiento a casas habitadas y negocios.

La ratería barrial que arrasa con efectos diversos, que no por menor deja de constituir una calamidad nacional porque es una dura realidad que ya nada puede ser dejado al descuido. Se lo llevan porque se lo llevan.

Con una débil consecuencia estadística: muchas víctimas de robos de baja escala no denuncian los casos a la Policía, o la Policía no les hace caso. Como ocurrió con una apenada señora que al acudir con una querella a un destacamento de Santo Domingo Este recientemente, un sargento reaccionó con estas palabras: pero doña, ese celular suyo lo que le costó fueron 500 pesos. Deje eso así.

Dentro del comportamiento atroz del hurto simple en este país, vale resaltar la vergonzosa situación de que el 90% de los ciudadanos que quedan inconscientes o pierden la vida en accidentes de carreteras de cualquier región, son objetos de un saqueo instantáneo por parte de algunos pobladores que más cerca estén.

Procede resaltar también otros azotes de ladrones que escapan al control de las autoridades y que se manifiestan a todo lo largo y ancho del territorio nacional.

Está causando importantes daños a las finanzas de las compañías de telefonía móvil el robo de combustibles y equipos colocados en sus centenares de estaciones repetidoras. Decenas de millones de pesos en pérdidas ocasionan estos delitos de menor cuantía, mientras no se les contabilice globalmente.

En ese mismo orden, han continuado los robos de cables, tarjas y otras piezas de monumentos nacionales: la peste maldita de la sustracción de objetos metálicos, contra la cual las autoridades siempre inventan improductivas fórmulas de combate que se quedan en las ramas. No van al tronco.

La incidencia de ese pillaje trastorna la vida de muchos dominicanos, además de los incontables daños económicos, pues interrumpe continuamente servicios públicos vitales, como la comunicación telefónica, el suministro de energía y el alumbrado público.