Madrid. El exdirector gerente del FMI Rodrigo Rato acusa al Ministerio de Hacienda español de iniciar una “caza de brujas”, por acusarle de supuestos delitos fiscales que “pudieron y debieron” ser comprobados antes de ser denunciados, y que ahora él trata de desmontar con un informe presentado al juez.

En un escrito remitido al titular del juzgado español que investiga el origen de su fortuna, Rato pide la nulidad de todas las actuaciones efectuadas hasta el momento y critica que la Oficina Antifraude española (ONIF) le atribuyera un delito de ocultación de bienes para eludir las fianzas de otros dos casos que tiene pendientes.

Este delito, que apenas seis días después se demostró que no había cometido, sirvió sin embargo de argumento para su detención y el registro de su domicilio en abril de 2015, lo que, en su opinión, vulneró sus derechos constitucionales.   Rato tiene pendiente con la justicia española el caso de la salida a bolsa del banco Bankia (parcialmente nacionalizada), en el que está acusado de estafa y falsificación contable, y una investigación por el escándalo de tarjetas opacas emitidas por esa entidad para sus directivos.

En el momento en el que Hacienda acusó a Rato de ocultación de bienes para eludir ambas fianzas, la propia Bankia ya había depositado una fianza solidaria de 18 millones de euros (20 millones de dólares) por el primer caso, y para el segundo Rato presentó un aval bancario por importe de 3 millones de euros (3,3 millones de dólares), según el escritor presentado por el acusado.

Para constatar estos “evidentes errores”, que Hacienda y el fiscal podrían haber evitado con un mínimo de “diligencia debida”, el ex director gerente del FMI pide al juez que cite a declarar a un exinspector de Hacienda, que supuestamente aportó una prueba exculpatoria con la que Rato trata de desmontar el resto de delitos atribuidos “torticeramente».   En el documento inicial de la ONIF -todavía pendiente de ratificar-, Hacienda amplió su acusación porque, con la documentación obtenida en el registro, detectó varios delitos de fraude fiscal realizados a través de una sociedad opaca epicentro de su red, y movimientos invisibles de divisas no declarados por valor de varios millones de euros.