LA PAZ (AFP) – El presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, comenzaba este lunes una semana decisiva para establecer acuerdos regionales y buscar que el reticente Congreso acepte renovarse plenamente a final de año como piden distintos grupos sociales.

Rodríguez encabeza un gobierno provisorio con la misión de llamar a elecciones para presidente y vicepresidente -lo cual ya anunció que haría- pero extensos sectores ciudadanos exigen también la revocatoria anticipada del mandato de 157 legisladores, lo cual requiere la aceptación parlamentaria.

Esta aceptación pasa por un consenso político, que permitiría un recorte de su mandato, que fenece en agosto de 2007.

El adelanto de las elecciones fue pactado por las fuerzas políticas y sociales para zanjar una profunda crisis que estalló entre mayo y junio y desembocó en la renuncia del presidente Carlos Mesa y la designación el pasado 9 de junio de Rodríguez, en su condición de titular de la Corte Suprema de Justicia.

El Congreso se reunirá el próximo 28 de junio para discutir el tema y, como antesala, este lunes media docena de diputados renunció preventivamente a su mandato a fin de presionar a sus colegas a que hagan lo mismo.

La renuncia a sus escaños de los 27 senadores y los 130 diputados, más sus suplentes, es una de las fórmulas que eventualmente puede posibilitar el adelanto de los comicios para escoger nuevos parlamentarios por un período de cinco años.

Pero una renuncia global es poco realista, por lo que otra posibilidad consiste en buscar dentro de la Constitución -que deja muchos espacios abiertos a la interpretación- el camino que permita una disolución por una decisión de mayorías.

El delegado presidencial de asuntos políticos, Jorge Lazarte, se manifestó en favor de «seguir abriendo más caminos (de consenso) y todos ellos convergen en el Congreso, que al final es el epicentro donde se van a tomar las decisiones legales para viabilizar lo demandado».

En contraste con su antecesor -ampliamente criticado por su pasividad-, el presidente Rodríguez reveló que está en busca de «encontrar consensos para otros temas como el referéndum, la asamblea constituyente, la elección de prefectos y nacionalización» de los hidrocarburos.

La estatización de los hidrocarburos y la Constituyente se erigieron en las banderas de la protesta en las ciudades de La Paz y El Alto, que determinó la renuncia de Mesa el pasado 9 de junio.

Las organizaciones cívicas y regionales de El Alto, epicentro de las protestas, mantienen sus exigencias, aunque dieron al nuevo gobierno una tregua.

El nuevo mandatario estableció también el fin de semana contactos con la Iglesia Católica -para que continúe con su gestión mediadora en la crisis- y con las organizaciones cívico-empresariales de Santa Cruz, que agitan las banderas de la autonomía.

Aunque establecieron un marco más flexible de trabajo, las organizaciones reiteraron la exigencia de que las elecciones de prefectos (gobernadores) departamentales se cumplan el 12 de agosto, junto a un referendo autonómico que amenazan convocar unilateralmente.

Con ese cuadro de situación, «ahora nos queda ordenar esas demandas, luego establecer fechas y, finalmente, garantizar su ejecución. Allí radica la llave del éxito», dijo un optimista Lazarte, uno de los más connotados analistas políticos del país.

La ratificación de los sectores derechistas de Santa Cruz de llevar adelante un referendo autonómico, motivó que el líder cocalero del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, los acusara de entorpecer una salida pacífica a la crisis.

Luego de un receso de once días, el Congreso se reunirá el martes de la venidera semana para discutir la convocatoria a elecciones generales, en momentos en que en Bolivia existe el temor generalizado de que en el país vuelvan las protestas si no hay prontas soluciones y se vuelvan a vivir momentos de enorme incertidumbre.