Troi Orlando Espejo 
Román Jáquez y Alfredo Pacheco.
La Junta Central Electoral seguirá hasta las últimas consecuencias todos los casos donde se ha descubierto la vulneración de la identidad, aseguró hoy su presidente Román Jáquez, a propósito del reciente caso que calificó aislado donde dos dominicanos falsificaron actas de nacimientos a 6 y donde estuvieron vinculados cuatro empleados de la JCE, donde a todos se les impuso medidas de coerción.
«La Junta Central Electoral llevará este caso hasta las últimas consecuencias constituyéndose en parte y reiteramos fue un trabajo de investigación con la Policía Nacional y el ministerio público, que contó con el apoyo de la seguridad civil, la dirección de inspectoría, la consultoría jurídica, el registro civil y cedulación de la JCE», dijo Jáquez, tras encabezar una importante reunión con el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco donde pasó balance a las propuestas de modificación de las leyes electorales y de partidos políticos.
Se recuerda que en el reciente caso descubierto fueron apresados los nombrados Sylvio Enmanuel Andrés Recio y Yoan Amancio Vidal, quienes fungían como empleados de las Oficialías de Neiba y Galván respectivamente, se les impuso 3 meses de prisión preventiva como medidas de coerción, mientras que, al también servidor de la JCE, Sucre Omar Duval Silfa, se le impuso garantía económica y presentación periódica.
Lee más: Activismo político sigue firme pese prohibición
De su lado, a los ciudadanos Caridad Eugenia Rodríguez Contreras (la Chichi) y Dominguito López Pérez (Dominguito), se les impuso tres meses de prisión preventiva; y a los extranjeros ilegales Michell Ange Bien Aime y/o (Estefania), Josué Dupont y/o Héctor Julio Rosario Núñez, Luis Dupon y /o Kelvin Mora, Andrio Mancebo, Eddy Montilla y Yudelka Domice, se les impuso como medida seis meses bajo la vigilancia del Ministerio Público a cargo de la investigación.
El titular de la entidad garante de la identidad y la democracia de República Dominicana, expresó que la JCE, desde el inicio de su gestión, tuvo un acuerdo interinstitucional con la Procuraduría General de la República (PGR) con la meta de tener tolerancia cero a la vulneración a la identidad, por lo que se designó a través del Consejo del Ministerio Público una representante fiscal adscrita a la JCE, exclusivamente para perseguir e investigar los delitos contra la identidad y el registro civil.
«Esto ha dado como resultado que se descubran situaciones muy particulares donde ciudadanos haitianos y de otras nacionalidades han tenido medidas de coerción», expresó Román Jáquez quien citó también un caso ocurrido en la ciudad de Santiago de los Caballeros hace unos 4 meses, donde 12 personas fueron apresadas.
