POR SOILA PANIAGUA
El secretario de Agricultura, Amilcar Romero, citó entre los mayores escollos de la agropecuaria nacional, la limitación y el alto costo del financiamiento; la obsolescencia institucional estatal y el reducido nivel tecnológico.

Explicó que en el  caso del financiamiento, existe una tendencia decreciente del crédito dirigido a la agropecuaria por parte de las entidades del sistema financiero.

«La crisis financiera y la desacertada política económica del pasado reciente, presionaron al alza las tasas de interés y el incremento de la tasa de cambio que agudizaron, aún más,  la difícil situación económica del sector», sostuvo.

Romero fue el orador invitado en el almuerzo de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultura, donde se reconoció a doce agroproductores.

Dijo que para entender mejor la necesidad de los cambios que propone, es necesario hacer un breve diagnóstico de la situación  por la que ha atravesado el sector agropecuario en los últimos años.

Añadió que la falta de financiamiento oportuno está reflejada en el comportamiento de la cartera de crédito consolidada de la República Dominicana del año 2003, ascendente a unos RD$176,000 millones, de los cuales solamente unos RD$10,500 millones,  o sea el 6 por ciento,  fue destinado a la agropecuaria.

Romero explicó  que esa situación resulta aún más dramática al tomar en consideración que de ese último monto, apenas unos RD$3,500 millones, equivalentes al 2.0 por ciento, fueron canalizados a través del Banco Agrícola.

El funcionario dijo que en relación a las instituciones del sector agropecuario estatal, además de que no se han adecuado para dar respuestas a los movimientos y cambios socioeconómicos, también muchas de ellas intervienen en actividades que compiten con el sector productivo.

«Esto nos lleva a una revisión profunda de todas las leyes, decretos y resoluciones que amparan al sector. Imagínense que la última revisión a la Ley  8 que organiza la Secretaría de Agricultura data del año 1965, y la 4990 de seguridad vegetal, fue hecha en el 1958», expuso el secretario de Agricultura.

Romero señaló que algunos países centroamericanos tienen legislaciones agropecuarias de la década de los noventa y que ahora mismo se encuentran en un proceso de adecuación del marco jurídico, para proteger el patrimonio sanitario y cumplir con las nuevas exigencias internacionales.

Afirmó que el sector agropecuario oficial requiere de una urgente transformación y modernización de sus instituciones para que se conviertan en organismos facilitadores y reguladores de las inversiones productivas que garantice,  a su vez,  la seguridad alimentaria de la población.

Romero dijo que esos cambios estructurales que tiendan a modernizar las instituciones oficiales, deberán  garantizar al país el fortalecimiento de su economía mediante  la generación de divisas, creación de riquezas y aumento del empleo.

Indicó que la estabilidad macroeconómica y los ajustes estructurales alcanzados en la década de los años noventa, principalmente durante la gestión que presidió el doctor Leonel Fernández, resultaron en un comportamiento económico excepcional de la República Dominicana,  con una tasa de crecimiento promedio de 7.7 por ciento, más del doble de Latinoamérica en el mismo período.

Sostuvo que aunque la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Agropecuario fue de sólo un 4.3 por ciento para el decenio señalado, «es bueno apuntar que en el período 1996-2000 alcanzó un 5.5 por ciento, el más alto en los últimos 35 años».

Romero dijo  que esto refleja claramente que el crecimiento del sector agropecuario  está asociado a la estabilidad macroeconómica y al apoyo del Gobierno.

Señaló que el ámbito rural concentra alta proporción de la pobreza, debido a que la riqueza no se ha distribuido con equidad, provocando una elevada migración hacia los centros urbanos y al exterior.

La población rural, dijo, descendió de un 50 por ciento en el 1975 a un 35 por ciento en el año 2000.

Manifestó que según estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la pobreza en la República Dominicana aumentó un 25 por ciento, debido a un incremento significativo en los niveles de precios de los productos de primera necesidad y la consecuente disminución del poder adquisitivo de la población en general.

Dijo que la importación de alimentos creció de 0.44 en el año 2000 a 0.86 en el 2003, lo que significa que el volumen de las importaciones de alimentos con relación a las exportaciones prácticamente se duplicó durante el referido período.

«Esto refleja una caída de la producción de alimentos, contradiciendo las estadísticas presentadas en el pasado reciente», explicó.

En tanto que el crecimiento del Producto per capita decreció de 5.86 por ciento en el año 2000 a menos  un 2.54 por ciento en el 2003, «lo que evidencia una severa disminución en la calidad de vida de la población».

En la actividad participaron los principales funcionarios del Gobierno, dirigentes de asociaciones de productores agropecuarios y representantes de las diversas entidades ligadas al sector del agro.