La defensa de Angel Rondón continuó ayer haciendo “triza” la acusación el Ministerio Público, y el propio imputado dijo al juez que se declararía culpable si el órgano acusador le demuestra que entre 2009 y 2017 él recibió unos RD$7,000 millones a través de su empresa Conamsa.
Afirmó que lo mismo haría si mediante las videocámara del Congreso Nacional lo presenta “pasillando” o visitando oficinas de senadores y de presidentes del Senado.
“Yo solamente he acudido a la Asamblea Nacional en fechas Patria: los 27 de febrero, ( y 16 de agosto) a la toma de posesión de “gobernante”, para utilizar la palabras del delator Luis Eduardo de la Rocha Soares que dijo que gobernantes”, dijo Rondón.
Violaciones al por mayor. La defensa acusó al Ministerio Público de hacer gestiones de información bancaria sobre Rondón en la Superintendencia de Bancos, fuera del plazo, sin respaldo de orden judicial y con órdenes judiciales autorizadas para otras personas.
Citó como ejemplo una resolución emitida por el juez de la instrucción, Francisco Ortega, ordenando gestiones sobre la esposa de uno de los imputados cuyo expediente fue archivado provisionalmente, y otra en la que se dejaba del plazo abierto al Ministerio Público para interrogar, y ambas las utilizó para obtener información bancaria de Rondón, en la Superintendencia de Bancos.
Acuerdo puso fin conflicto. La defensa dijo que de acuerdo al criterio aportado por el Ministerio Público, el acuerdo firmado por Odebrecht y el procurador general Jean Rodríguez, el 17 de enero del 2001, y el compromiso del consorcio de pagarle al Estado dominicano el duplo de los sobornos (US$184 millones), puso fin a ese conflicto.
Agregó que si Odebrecht admitió ser autor de los sobornos; que Rondón supuestamente actuó como intermediario o representante, y el Estado recibió el dinero mediante el acuerdo, “entonces no hay sociedad de Rondón respecto de la empresa si ya fue excluida”.
Viola bloque constitucionalidad. De ahí que con su acusación el Ministerio Público esté violando el principio de única persecución (Non Bis in Idem) no solamente de Rondón, sino también de los otros seis imputados, afirmó Guillermo García quien expuso sobre la teoría jurídica del caso.
Agregó que el Ministerio Público viola también la formulación precisa de cargos, y la igualdad ante la ley y entre las partes, pues afirma que el imputado pagó sobornos a funcionarios públicos y a legisladores, más no los identifica.
Si los demás son inocentes, Rondón también lo es. La defensa indicó que el procedimiento establecido por la Constitución para la aprobación de los préstamos para la ejecución de las 17 obras públicas, dice que el Poder Ejecutivo es quien los envía al Congreso Nacional; que allí los estudian las comisiones de Finanzas o Hacienda, y luego van al plenario que los aprueba.
“Es decir, que si hubo ilicitud en la aprobación de esos financiamientos, ¿dónde están los demás legisladores, senadores y diputados que intervinieron; dónde están los funcionarios del Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional, Inapa, Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, directores de Crédito Público, administradores del Banco de Reservas…?, preguntaron.
Exclusión de Punta Catalina. Cuestionaron además porqué si el procedimiento para la aprobación de los contratos y/o financiamientos de las 17 obras adjudicadas a Odebrecht fue idéntico se excluyó de la acusación la termoeléctrica Punta Catalina.
Asimismo, se preguntó ¿cuál es la diferencia de acuerdo a la circunstancias descriptiva e histórica de Punta Catalina que no tengan las restantes 16 obras al respecto?
“Rondón exige que así como los consorciados para esa obra, los supervisores, los legisladores que conformaron las comisiones, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado; el quórum de senadores y todas las personas del ámbito público y privado que participaron conjuntamente con Rondón y no están aquí, que tampoco él esté”, dijo la defensa.
“Me declaro culpable”. Fue un reto que le hizo Rondó al procurador general al referirse su defensa al contenido de la página número 98 de la acusación del Ministerio Público.
Según la acusación, en el período 2009 al 2017 Rondón registró un total de 22 productos financieros, recibiendo montos aproximados a la suma de RD$7,193,960,937.06, y en moneda extranjera percibió montos por USD$104,532,540.92, a través de la sociedad Consultores & Contratistas Conamsa, SRL
Sin embargo Rondó aseguró que a través de esa empresa solamente recibió RD$3,000 millones, y que los demás valores presentan duplicidades por ventas de dólares de una cuenta a otra y por transferencias internas entre cuentas del mismo propietario o entidades relacionadas.
Explicó que en el 2009 sus ingresos netos facturados por Conamsa fueron RD$130,383,387; en 2019, RD$141,563,706; 2011, RD$465,014,626; 2012, RD$807,732,884; 2013, RD$333,939,817; 2014, RD$984,862,053; 2015, RD$1,744,791,440; 2016, RD$1,622,233,026; y en el 2017, RD$200,720,080, para un total de RD$6,431,241,019, los cuales se traducen en cobros y por ende, en créditos en cuentas bancarias.
“Yo reto al procurador a que me diga dónde están los otros RD$4,000 mil millones y si me dice dónde están, me declaro culpable y usted me condena”, le dijo Rondón al juez especial Francisco Ortega.
Concluyen hoy. La defensa de Rondón, principal implicado en el caso de los sobornos de Odebrecht presentará hoy sus conclusiones sobre la réplica a la acusación del Ministerio Público.
De los siete imputados solo resta por exponer el expresidente del Senado Jesús (Chu) Vásquez.
Los demás encartados son Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez y el Senador Tommy Galán.
Lo que piden
Mientras el Ministerio Público pide al juez de la instrucción Francisco Ortega enviar al grupo a juicio de fondo, los imputados solicitan nulidad de pruebas, inadmisibilidad, archivo, No Ha Lugar.
“Como la acusación ha violado el bloque de constitucionalidad que hemos presentado hoy, usted magistrado, tiene la oportunidad de reivindicarlo. Personalmente somos del criterio que cuando un juez interviene en una etapa, especialmente en la de control, por ese mismo principio de inmediatez, usted va a percibir que el MP ha quebrantado los derechos fundamentales de Rondón”.

PGR: si fuere necesario subiría estrado defender acusación
El procurador general Jean Rodríguez, dijo ayer que por el momento no cree necesario que él tenga que subir a estrados a defender la acusación contra los siete imputados en los sobornos de Odebrecht, porque ese es un caso que “va muy bien”.
Indicó que la prueba de ello son los más de 40 incidentes que han presentado las defensas, todos los cuales los han perdido.
Dijo que es normal que los abogados de los imputados desmeriten la acusación diciendo que todo es falso y que solo está su verdad, porque para eso le pagan.
Sin embargo, recordó que hubo una delación premiada en Brasil donde los ejecutivos de Odebrecht dijeron que le pagaron US$92 millones “a una persona con nombre y apellido” que no pronunció.
“Esos ejecutivos fueron condenados por haber entregado ese dinero y esa empresa fue condenada en ese país por eso. ¿Usted cree que una empresa va a decir que entregaron US$92 millones y va a ser condenada, multada con miles de millones de dólares, y que esos ejecutivos van a ir presos allá a 10 y hasta 20 años por lo que hicieron, pero el de aquí no recibió nada”, dijo el funcionario.
A la pregunta de si ese funcionario citado era Angel Rondón, el procurador nos remitió al acuerdo de colaboración donde Odebrecht admitió formalmente su culpabilidad, indicando que “ahí está el nombre del empresario”.
El funcionario, quien fue entrevistado durante un agasajo que hizo con motivo del Día del Periodista”, afirmó tener la verdad en sus manos, y la convicción de que todos deben ir a juicio y ser condenados..