El presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE),  Roberto Rosario, lamentó ayer que  ese organismo haya sido objeto de una condena por cuestionamientos a un contrato, que tres  auditorías practicadas han demostrado que eran infundados.

 Dijo que como parte de la gestión que aprobó el contrato entre la JCE y el Consorcio Soluciones Modernas (SOMO) en el 2006, siempre ha defendido la transparencia del acuerdo y del trabajo realizado por la entidad en el proyecto de Automatización de los registros Civil y Electoral.

 “Hasta ahora me he mantenido al margen de las diatribas que se han vertido sobre el contrato JCE-SOMO, pero llega el momento en que hay que hacer justicia y en su momento, yo, moralmente creo que debo referirme a ese tema y lo haré mediante un documento público que pagaré con mis propios recursos”, subrayó Rosario.

La Junta fue condenada esta semana por un tribunal arbitral designado por la Cámara de Comercio y producción de Santo Domingo, a pagarle a la compañía la suma de US$9,042.503, que le adeuda por concepto de la implementación del proyecto de automatización.

Estos pagos fueron paralizados por la actual JCE, a raíz de una serie de denuncias y cuestionamientos que sobre la transparencia del mismo, hicieran ex funcionarios y algunos de los jueces del organismo electoral.

Rosario resaltó que la primera auditoría al contrato  lo hizo el Banco Mundial, organismo que condicionó el financiamiento de US$19.2 millones para un programa de declaraciones tardías, a que se le permitiera examinar el proceso de licitación para la adjudicación del contrato de marras, y tras mostrar su conformidad, autorizaron los fondos de contrapartida.

Agregó que tampoco la auditoría que hizo la Cámara de Cuentas detectó ninguna irregularidad, “y la última realizada por la empresa RS-Bepan reconoce que el proceso de selección de SOMO no es irregular”, expuso.

Dijo que el pago a la empresa representa un contratiempo para la Junta, sin embargo, mostró alivio porque el Banco de Reservas le dio una gracia de 6 meses para pagar otra deuda con él.

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Exhortación

El secretario de Interior y Policía, doctor Franklin Almeyda, exhortó al gobierno de Haití a canalizar sus quejas contra las autoridades dominicanas por los canales correspondientes. Señaló que los esfuerzos del gobierno dominicano están encaminados básicamente, a una regularización de los extranjeros establecidos en el país, a fin de poner  la casa en orden “Queremos decirle públicamente al gobierno de Haití como a todos ustedes, que la vocación del gobierno es, por encima de todo, respetar los derechos humanos y tratar con el respeto que se merecen las naciones hermanas, mucho más todavía si con ellos compartimos una isla”, puntualizó  Almeyda.

Concluyen Encuentro Internacional

Los 22 países participantes en el Encuentro Internacional de Administración de “Registro Civil, identidad y Migración”, coincidieron ayer en que el tema del subregistro debe ser una prioridad en la agenda de cada uno de ellos, a fin de garantizar la inclusión de los marginados y excluidos por ese fenómeno, en lo que es el disfrute de los derechos y los deberes que tiene todo ser humano.

Sinembargo, se hizo énfasis en que la población de indocumentados debe ser atendida  respetándose siempre los cánones legales existentes en cada Estado.

Los responsables de las instituciones encargadas de la identidad ciudadana fueron coincidentes además, en la necesidad de diferenciar los conceptos “indocumentados” y “apátridas”, a fin de poder avanzar en la solución del problema de la identificación de las personas.

El secretario de Interior y Policía, doctor Franklin Almeyda, dijo que el Encuentro sirvió, además, para poner a las autoridades del país en condiciones para establecer una relación clara entre registro Civil y registro de Identidad, a propósito de los temas de seguridad Ciudadana.

Según cifras ofrecidas durante el Encuentro realizado en Casa de Campo, en La Romana, a nivel mundial hay una población migrante ascendente a 200 millones de personas, y dos millones de apátridas.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Interior y Policía y la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE).