Brasilia. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, participó hoy en un acto de graduación de nuevos diplomáticos, ante los que expresó que Brasil solo será respetado en el mundo en la medida en que respete la “soberanía popular” y los resultados de las urnas.

“El Estado brasileño solo es respetado en el mundo en la medida en que en nuestro territorio se ejerza y se respete la soberanía popular”, declaró la mandataria en la ceremonia, realizada en el Palacio de Itamaraty, sede de la cancillería en Brasilia.

“Esa soberanía significa sumisión a la voluntad general expresada en las urnas” y “de ella depende el cumplimiento del programa económico, social y político de cambios que la sociedad escoge cada cuatro años”, apuntó Rousseff.

Pese a que fue reelegida en octubre pasado para un nuevo mandato de cuatro años que comenzó el pasado 1 de enero y concluirá en 2018, sectores minoritarios de la oposición exigen que se inicie un juicio político con miras a su destitución.

Esos grupos se apoyan en una supuesta responsabilidad de Rousseff y del Gobierno en las corruptelas que se investigan en la petrolera estatal Petrobras, de la cual, según sus propios balances, en la última década fueron desviados unos 2.000 millones de dólares.

En la red de corrupción descubierta en Petrobras participaban varias de las mayores empresas privadas del país, que obtenían contratos amañados con la petrolera, inflaban sus precios y luego repartían la diferencia entre funcionarios de la estatal y políticos que amparaban esas maniobras, según sostiene la Policía.

La mayoría de los políticos salpicados por este caso pertenece a partidos de la coalición de Gobierno, lo que le ha dado alas a la oposición para a endurecer el discurso y promover protestas contra Rousseff.   En marzo y abril pasado, alentados por la oposición, millones de brasileños se manifestaron contra el Gobierno en las calles de todo el país y pretenden volver a hacerlo el próximo domingo, para cuando ha sido convocada una nueva jornada de protestas.