BRASILIA
AP
La presidenta suspendida Dilma Rousseff enfrentará a sus acusadores en el Senado este lunes, en un juicio político que podría culminar en su destitución.
El juicio se basa en acusaciones de que emitió decretos de pagos sin autorización del Congreso. También se la acusa de usar préstamos no autorizados de bancos estatales para financiar programas y demorar los pagos.
Sus detractores dicen que el objetivo era que las finanzas públicas lucieran mejor de lo estaban y que Rousseff, en el mejor de los casos, fue negligente. Rousseff dice que no se trata de un delito impugnable y que otros presidentes han hecho algo parecido sin ser sancionados.
A continuación, las denuncias y cómo se comparan con las de gobiernos anteriores.
DECRETOS: Al menos tres decretos firmados por Rousseff fueron irregulares, según auditores del Senado, porque no los aprobó el Congreso. La defensa de Rousseff hizo una lista de decretos similares firmados por dos presidentes anteriores a partir de 2000.
TRASPASO DE FONDOS: El sitio web de verificación de datos Aos Fatos mencionó incidentes con fondos provenientes del banco estatal Caixa Economica Federal. Dijo que Rousseff recurrió a esa práctica con mucha mayor frecuencia que sus antecesores inmediatos Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inacio Lula da Silva. Las denuncias contra Rousseff también incluyen fondos de las entidades estatales BNDES y Banco do Brasil. El juicio abarca solamente 2015, el primer año de su segundo período, porque la Constitución dice que solo se puede juzgar al presidente por delitos en el período en curso. Rousseff fue reelegida en 2014.
PAGOS DEMORADOS: Entre 2011 y 2015, el gobierno de Rousseff demoró pagos a Caixa por un total de casi 10,000 millones de dólares. Los pagos se efectuaron, aunque con demora, y la ley brasileña dice que los bancos estatales no deben hacer préstamos al gobierno federal sin autorización del Congreso. Rousseff niega que se tratara de préstamos. Los fondos fueron para prestaciones por desempleo, bonificaciones a empleados públicos.