Río de Janeiro. La reelegida presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tendrá en su segundo mandato respaldo mayoritario en el Congreso pero, con un menor número de legisladores oficialistas, un mayor número de partidos y la tradicional infidelidad partidaria del país, será rehén de las formaciones que “venden” su respaldo.

Si la jefe de Estado ya era rehén del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza electoral del país y que en el primer mandato le cobró por su apoyo cinco de los 30 ministerios y cientos de cargos públicos, en su segundo mandato pasará a depender de negociaciones con más formaciones, según analistas consultados por Efe.

Ello debido a que en las elecciones legislativas del pasado 5 de octubre se redujo el número de diputados y senadores integrantes de partidos que apoyan a Rousseff, que venció ayer la segunda vuelta de las presidenciales con el 51,6 % de los votos válidos frente al 48,3 % del líder opositor Aécio Neves.

La fuerte polarización de las elecciones presidenciales, que dejó a Brasil dividido en dos y a la oposición fortalecida pese a la derrota, también dificultará el apoyo al Gobierno en el Congreso.

El número de diputados de partidos oficialistas caerá de los actuales 339 a 304 en la próxima legislatura, cifra que aún supera con holgura la mitad de 513 escaños, debido a que las formaciones tradicionales, principalmente las que apoyan a Rousseff, perdieron espacio en el Congreso frente a partidos menores.

El Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, se mantendrá como la primera minoría en la Cámara, pese a que su representación cayó desde los actuales 88 diputados hasta 70, y el PMDB lo seguirá escoltando, pero con 66 diputados, cinco a menos que en la actual legislatura.

Los partidos que apoyaban la candidatura de Neves tendrán 130 representantes en la Cámara Baja frente a 119 actualmente, en tanto que las formaciones independientes contarán con 79 diputados, cuyo apoyo pasará a ser necesario para la jefe de Estado.

Pese a que los oficialistas serán suficientes para garantizar votaciones por mayoría absoluta (257 de los 513 diputados), no alcanzarán las tres quintas partes (308 votos) necesarias para la aprobación de enmiendas constitucionales.

Aún así, la tradicional infidelidad partidaria de Brasil, en donde los legisladores no son obligados a votar como sus formaciones, y la poca identificación con el Gobierno de algunos de los partidos que apoyan a Rousseff y que exigen cada vez más cargos en el Gabinete pueden amenazar incluso la mayoría absoluta.

Además de apuntalar el apoyo de estos partidos con la distribución de cargos en su Gabinete ministerial, como lo hizo en su primer mandato, la presidenta también tendrá que negociar el respaldo de formaciones que no apoyaron su reelección.

El principal blanco será el Partido Socialista Brasileño (PSB), que apoyó a Rousseff en sus tres primeros años de Gobierno y que postuló la candidatura de la ecologista Marina Silva, tercera más votada en la primera vuelta de las presidenciales. Apalancado por Marina Silva, el PSB, que en la segunda vuelta apoyó a Aécio Neves, tendrá a partir de enero, con 34 diputados, la sexta mayor minoría en la Cámara Baja.

En el Senado, por su parte, la jefe de Estado contará en su segundo mandato con el respaldo teórico de 51 de los 81 senadores, pero esta mayoría siempre es puesta en duda por legisladores que suelen votar diferente de sus partidos. Tan sólo 18 senadores pertenecen a partidos de oposición a la jefe de Estado y 14 integran formaciones independientes, como el PSB.

A la reducción del número de parlamentarios de partidos oficialistas se suma las dificultades generadas por la mayor fragmentación en un Congreso en el que, con una renovación del 46 %, el número de formaciones con representación saltará de las actuales 22 hasta 28 a partir de enero. “Hubo una pulverización partidaria y la gobernabilidad será más difícil.

Los grandes partidos se encogieron, principalmente el PMDB y el PT, y las medianas y pequeñas formaciones crecieron. Eso obligará a la presidenta a negociar con esos partidos, que en su mayoría no se rige por asuntos programáticos o ideológicos sino por intereses clientelistas”, dijo a Efe el analista Antonio Augusto de Queiroz.

Según este especialista, director de documentación del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (Diap), las pequeñas y medianas formaciones pueden establecer alianzas y dificultar votaciones de asuntos de interés del Gobierno.

“Ese nuevo escenario redujo significativamente la posibilidad de reformas constitucionales, principalmente de una reforma política, que los nuevos partidos consideran perjudicial para sus intereses”, explicó.

Igualmente ante la elección de un mayor número de líderes evangélicos y de presentadores de programas policíacos de televisión, que le dio al Congreso un perfil más conservador, quedó comprometida la votación de propuestas sensibles como legalización del aborto y de las drogas o el matrimonio de homosexuales.