Con la elección de Dilma Rousseff, mujer y ex guerrillera, Brasil, el país del próximo mundial de fútbol y de las próximas olimpíadas, sigue sumando hitos que refuerzan su identidad y su actual significado en el mundo de la economía y de la política. La Rousseff, al igual que Pepe Mojica, presidente en ejercicio del Uruguay, pertenece a esa estirpe de luchadores de los años 60/70 que una vez tomaron las armas y en su momento la abandonaron, pero manteniendo la esencia de las ideas que los llevaron a empuñarlas.

Siendo coherente con la más genuina tradición de la izquierda socialista, una vez conocida su victoria declaró que su gobierno se orientará por “la igualdad entre hombres y mujeres, garantizará el derecho a la vivienda, al empleo y el respeto a las absolutas libertades: de prensa, opinión, religiosa, de culto y la erradicación de la pobreza”. Si, como dicen quienes la conocen, tiene la rara virtud de tener una firme convicción ideológica y al mismo tiempo un sentido de eficiencia administrativa, ha de esperarse que, siendo coherente con ese discurso, deberá profundizar las conquistas sociales obtenidas en los ocho años de gobierno de Lula, quien sin el tremendismo verbal de algunos de sus vecinos, logró sacar de la pobreza extrema a más de 20 millones de brasileños.

Llama a la reflexión el hecho de que el presidente de uno de los cinco países más grandes del mundo, ex obrero metalúrgico de la izquierda cristiana, sea sucedido por una ex guerrillera de la izquierda radical marxista. Esto es posible si se tiene un claro sentido de la necesidad de la institucionalización de los procesos políticos y de la práctica política, algo que no entiende mucha gente de izquierda.

Con un 83% de aceptación, Lula no se envaneció, no optó por cambiar la constitución para reelegirse, como hacen algunos en esta región, sino que contrario al sentir de muchos de los barones del PT, para que se le sucediera en el poder apoyó a una recién llegada a ese partido, pero de largo historial de lucha por libertad e inclusión social.

Esa forma coherente e institucional de continuar un proceso de reformas sociales, debe servir de reflexión a la izquierda de este continente. Enseña lo que es tener sentido de la realidad de los calendarios que determinan la lógica de los particulares acontecimientos sociales y políticos de cada sociedad y la necesidad de la flexibilidad para adaptarse a esos cambios, manteniendo la firmeza en los principios esenciales e in negociables que impulsan la lucha por la igualdad de oportunidades y la libertad. Además, que la garantía de continuidad de un proceso de cambio no descansa en la inmutable permanencia en el poder de sus líderes históricos, sino en sólidos mecanismos institucionales para la sucesión de éstos. También, que es a través de la continuidad de las luchas políticas y sociales, en todos los espacios, como se hace posible la construcción de una real opción de poder.

Es la lección del proceso brasileño.