BRASILIA.  La presidenta brasileña Dilma Rousseff retomó en la mañana del miércoles las negociaciones con el exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva para sumarlo a un gobierno que cruje entre acusaciones de corrupción y una fuerte recesión económica.

Lula, también asediado por investigaciones ligadas al megafraude en Petrobras, llegó a la residencia presidencial de Alvorada para discutir los términos de su eventual incorporación, en una continuación del encuentro de más de cuatro horas que mantuvieron la víspera.

Lula podría asumir la Secretaría de Gobierno, encargada de la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, o la jefatura de Gabinete, e incluso trabajar desde fuera para galvanizar la coalición liderada por el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) en una suerte de bala de plata que bloquee el avance de un juicio político contra Rousseff en el Congreso.

La Corte Suprema podría desbloquear este mismo miércoles o el jueves el pedido de impeachment contra Rousseff, por supuesta manipulación de las cuentas públicas, definiendo el formato en que debe tramitarse el proceso y habilitando a la Cámara de Diputados a instalar la comisión que analizará si hay argumentos para iniciar el juicio político.

Mientras el PT prende velas para que el padre del milagro socioeconómico brasileño entre 2003 y 2010 acepte el convite, aún retumban las acusaciones de corrupción que hizo un senador de esa fuerza y que regaron de sospechas a gran parte del arco político, Lula y Rousseff incluidos.

En su testimonio, Delcidio Amaral, exlíder del PT en el Senado, procesado por obstaculizar la investigación del escándalo de Petrobras, o «Petrolao», acusó a Rousseff de ordenar sobonarlo para que no colaborara con la justicia y a Lula de intentar interferir en la causa.

De acuerdo con Amaral, el ministro de Educación, Aloizio Mercadante, le habría sugerido apoyo a cambio de que no colabore con las autoridades, pero el senador desoyó la oferta y decidió delatar a otros involucrados a cambio de una reducción de su eventual condena.

Su declaración fue aceptada por la Corte Suprema, lo que da luz verde a la fiscalía de la República para iniciar investigaciones sobre los mencionados, que incluye al líder de la oposición, el senador Aecio Neves (PSDB), derrotado por Rousseff en las elecciones de 2014, y el actual vicepresidente de Brasil, Michel Temer.

En un clima de conmoción política agudizado por una multitudinaria protesta que el domingo pasado congregó millones de personas para pedir la dimisión de Rousseff, el PT responderá con una marcha este viernes, que será una prueba del respaldo social con que puede contar aún la impopular Rousseff.