SAO PAULO. La asediada presidenta de Brasil Dilma Rousseff se aprestaba el lunes a encabezar algo que su agenda describió como reunión de “coordinación política”, un día después de que millones de manifestantes en todo el país salieran a las calles a exigir su salida. Los principales diarios locales dijeron que las protestas del domingo fueron las más grandes en la historia del país.

La respetada agencia de encuestas Datafolha calculó que unas 500.000 personas participaron en la movilización en Río de Janeiro. Las protestas son vistas como un aumento a la presión a Rousseff, quien está luchando contra un posible juicio político en el Congreso. Rousseff se ha visto acorralada por la peor recesión en décadas y una extensa investigación por corrupción que se ha centrado en figuras clave de su Partido de los Trabajadores.

Los observadores dicen que las manifestaciones podrían debilitar aún más la coalición gobernante y complicar a Rousseff llegar al final de su mandato. Unos TRES millones de personas, según estimaciones de la policía, salieron a la calle en 200 ciudades reclamando la dimisión de la mandataria en medio de un descontento generalizado por los casos de corrupción y la peor recesión que sufre el país en años. Se espera que en algún momento de esta semana, el presidente de la cámara baja parlamentaria y rival de Rousseff Eduardo Cunha forme una comisión para iniciar el proceso de una moción de censura por las acusaciones de mala gestión fiscal.

Cunha no tiene voz sobre la formación del comité, pero varios miembros de su partido centrista PMDB prometieron el sábado ser más independientes del gobierno de Rousseff. Rousseff, que ha dicho que no dimitirá, también está presionada por miembros de su propio Partido de los Trabajadores, que quieren que su mentor y predecesor en el cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, intervenga asumiendo un cargo en el gabinete e incorporando a otras personas a su elección, pero Lula está a la espera de que un juez de Sao Paulo determine si se le detiene por cargos de corrupción.

Las protestas del domingo agravan la ya difícil situación de Rousseff, que además de la campaña de impugnación afronta una creciente investigación de fiscales federales sobre corrupción en la gigante petrolera estatal Petrobras, una pesquisa que se ha acercado a su círculo más cercano en las últimas semanas. “El carácter pacífico de las manifestaciones de este domingo demuestra la madurez de un país que sabe cómo coexistir con opiniones diferentes y sabe cómo garantizar el respeto a sus leyes e instituciones”, afirmó la presidenta en un comunicado tras las protestas.