Juan Bolivar Díaz 
En reunión celebrada el miércoles la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ratificó a unanimidad su compromiso programático de integrar la Junta Central Electoral (JCE) con profesionales ajenos a la militancia partidista y que garanticen la independencia de ese importante órgano estatal.
Se espera que la ratificación ponga fin a los intentos de desconocer un compromiso programático enarbolado por el presidente Luis Abinader, que comenzó por el Ministerio Público y se extiende a los demás órganos de control del Estado, como la Cámara de Cuentas, Defensoría del Pueblo y las altas cortes.
Un ruido más que absurdo
Ha llamado la atención que a escasas cinco semanas del inicio del Gobierno de Luis Abinader y el PRM se desatara un movimiento que ha implicado a dirigentes y legisladores tendientes a desconocer un compromiso programático, sustentado y reiterado recientemente por el mismo mandatario.
Se puede apreciar como una imprudencia política que solo sirve para revivir las pugnas que caracterizaron al Partido Revolucionario Dominicano, de donde proceden muchos de los perremeístas.
La circunstancia de que el extitular de la JCE Eddy Olivares, postulado ahora para presidir el organismo, fuera durante los últimos cinco años vocero del expresidente Hipólito Mejía, dio pie para que este fuera vinculado a la acción, por lo que el vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, consideró necesario advertir que “no habrá medición de fuerzas” entre los dos líderes, sino “coherencia y consenso”.
El anuncio de que Olivares tenía apoyo de muchos diputados del PRM, desató inquietudes y temores a una absurda lucha interna cuando apenas comienza la gestión gubernamental y en medio de las penalidades de la triple crisis sanitaria, económica y social, que enfrenta.
Aunque dirigentes de ese partido han sostenido que solo es un ruido innecesario, porque no hay la mínima posibilidad de reunir apoyo para contradecir el programa de gobierno y la posición del presidente Abinader, quien ha sido reiterativo en que no auspiciará la politización de ningún órgano de control del Estado.
Desde el 2016, cuando se eligieron los titulares que concluyen su período en noviembre al frente de la JCE, el PRM se comprometió en dos comunicados públicos con la independencia del organismo, y lo postuló en su programa de gobierno y en los “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional” que firmó junto a otros 6 partidos y varios grupos sociales. Su presidente José Ignacio Paliza lo reiteró en dos recientes declaraciones.
No habrá reparto partidista
Dirigentes y voceros del Partido de la Liberación Dominicana ponderaron a Olivares, favoreciendo un consenso para elegir los titulares de la JCE, lo que en el PRM se interpreta como un gancho de doble filo, primero para demostrar que “no hay tal cambio y todos los partidos son iguales”, y segundo para garantizarse la inclusión de alguno de sus dirigentes.
En los altos niveles del PRM se le resta importancia a lo que consideran “un simple incidente inoportuno”, como lo definió un ejecutivo al informar que no hubo el menor problema en ratificar la posición de la Dirección Ejecutiva del Partido, mientras trascendió que el presidente Abinader se reunió con los diputados y allí tampoco hubo dificultades.
La independencia de los integrantes de la JCE se discute desde hace décadas, cuando Joaquín Balaguer la conformaba con personas de su confianza, y aunque a veces colocó independientes en la presidencia, incluía a dirigentes partidistas que se encargaban de su politización.
La junta de 1994, cuando se verificó el más documentado fraude electoral que incluyó alteración del padrón de electores, era presidida por Manuel García Lizardo, pero fue señalado como responsable otro titular, el dirigente reformista Leonardo Matos Berrido.
Esa junta, como la de 1990 cuando también hubo fuertes indicios de fraude electoral, fue integrada mediante la fórmula del reparto, que garantizaba la presidencia y la mayoría al partido gobernante, y se elegían dos por los opositores, que lo legitimaban considerando que era preferible “tener gente dentro del organismo”.
Lo pactado tras la crisis
Tras el pacto que zanjó la crisis postelectoral de 1994 se acordó una JCE sin reparto partidista, y por consenso, la que encabezó el doctor César Estrella Sadhalá, y que pudo organizar exitosamente la doble votación del 1996. Le sucedieron luego Juan Sully Bonelly, Manuel Morel Cerda y Luis Arias que tampoco eran dirigentes políticos al ser escogidos.
Pero en 1998, en medio de una confrontación con el gobierno del PLD en la Liga Municipal y la Cámara de Diputados, la mayoría senatorial del PRD rompió el consenso al escoger unilateralmente a Morel Cerda, quien nunca había militado en ese partido y era un reputado jurista, cuatro veces presidente de la Asociación Dominicana de Abogados.
Hizo nuevo y desde entonces eficiente padrón electoral y sin trauma las elecciones del 1998 y 2000.
La politización partidista de la JCE volvió con la elección de Roberto Rosario quien presidió el organismo entre el 2010 y 2016. Había llegado en el reparto partidista, restaurado en el 2006 y por cuatro años presidió su entonces determinante Cámara Administrativa, donde comenzó a mostrar su eficiencia partidista. Al ser incorporado a la Junta tomó una licencia de su condición de miembro del Comité Central del PLD.
El debate se ha mantenido, y en el 2016 el gobierno peledeísta accedió a elegir un presidente apartidista, Julio César Castaños Guzmán, y otros dos miembros sin militancia en partidos, Carmen Imbert Brugal y Roberto Saladín. Pero mantuvo a Rosario Graciano, también exdirigente del PLD, y a Henry Mejía, proveniente del PRD.
La mayoría de las instituciones sociales, encabezadas por Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), han promovido sistemáticamente una JCE integrada por personas sin militancia partidista, para evitar los conflictos de intereses.
Es lo mismo que postula la Constitución para los jueces, los miembros de la Junta Monetaria, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
En estos casos no se consideran violados sus derechos ciudadanos, como ocurre cuando se plantea en órganos electorales o la Cámara de Cuentas.
Buscan el buen gobierno
Hay innumerables definiciones de la Sociedad Civil, aunque algunos la sintetizan en todas las formas de organización de ciudadanos y ciudadanas, e instituciones y organizaciones conformadas para la promoción social, que no forman parte del Estado, y que no tienen por objeto alcanzar el gobierno, como los partidos políticos. Se trata de organizaciones para promover el buen gobierno, que “la sociedad civil no lucha para gobernar, sino para ser bien gobernada”.
Es la pérdida de confianza en las instituciones del Estado, incluyendo el partidarismo político, documentada en innumerables investigaciones y encuestas de todo tipo de instituciones nacionales e internacionales lo que ha dado mayor relieve a la necesidad de organizar agrupaciones sociales.
Esa “mentada” fue la que movilizó a cientos de miles de personas en las marchas verdes contra la corrupción y la impunidad, entre 2017-18 y la que colmó las plazas públicas en muchas ciudades del país y del exterior. Múltiples analistas han coincidido que esa militancia no partidista fue clave para desplazar este año el dominio del Estado y de la sociedad que había impuesto el PLD.
El PRM y en especial su candidato presidencial Luis Abinader, interpretaron ese sentimiento social y pactaron “un verdadero cambio”, que incluyó la despolitización de todos los órganos estatales de control, que es lo que acaban de ratificar en la JCE, sin que implique desconocer los méritos de los dirigentes políticos.
“Mentada sociedad civil”
Los partidos políticos dominicanos han mantenido una relación de amor y odio con las organizaciones sociales que militan en la promoción de reformas políticas e institucionales y en la defensa de los derechos políticos y sociales.
Cuando están en la oposición son amantes, pero desde que llegan al gobierno comienzan a menospreciarla, llamándola “la mentada sociedad civil”, pretendiendo desconocer una categoría universal de la democracia, reconocida en convenciones internacionales y códigos y constituciones nacionales.
Ante los organismos de las Naciones Unidas hay más de diez mil instituciones sociales reconocidas.
Ya en ambientes perremeístas se ha comenzado a evocar la “mentada”, a la que le atribuyen un supuesto interés por quitar sus derechos a los militantes políticos, “que son los que se fajan en las campañas electorales”.
El desaparecido líder perredeísta José Francisco Peña Gómez fue el dirigente que más importancia ha dado a la participación social, al extremo que reformistas y peledeístas decían que la sociedad civil era perredeísta.
Pero cuando el PRD llegó al poder en el 2000, se comenzó a hablar de la “sociedad civil perfumada”, tratando de descalificar a PC y la Finjus. A sus actividades van los políticos cuando están en la oposición, pero se ausentan desde que llegan al poder.
La más combatida ha sido Participación Ciudadana, pero eso no impidió que fuera invitada por el PLD, PRSC, PRD y PRM a observar sus elecciones internas, lo que ocurrió en los tres primeros, entre el 2000 y 2006.
Con financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, PC mantuvo durante varios años un diplomado de formación de dirigentes políticos por el que pasaron más de 2 mil jóvenes dirigentes de esos partidos.
