Ruina moral, ruina institucional, ruina constitucional, ruina económica, ruina política, ruina social, ruina del peso, ruina carcelaria, ruina ética, ruina en el indulto, esto nos va dejando una nueva aristocracia gobernante que no ha entendido que su incapacidad y falta de probidad para dirigir la nación nos conducen al descalabro total.

El concepto de hacernos prósperos, multiplicando las oportunidades de empleos y darle seguridad a los ciudadanos, se ha convertido en agua de borrajas. La economía y la justicia social solo es papel, letra muerta en los lineamientos de dirección del Estado por parte de esta administración, más empeñada en sus afanes de riqueza y grandeza aún rompan el equilibrio de la sociedad dominicana fatigada y desarticulada en su ritmo histórico.

La ruina también arropa los recursos naturales. Las riquezas forestales, el agua, lo faunístico y lo florístico; la tierra es cada día más estéril por la acción, no solo de las erosiones sino del abandono y la dejadez, afectando el porvenir de los dominicanos. El desconcierto amenaza con destruir hasta la nacionalidad, pues los intersticios del espacio territorial ceden a la avalancha y a la tolerancia de extraños por razones ideológicas de los hombres que han perdido la fe en la patria.

El peligro de la nación dominicana está precisamente en esos ineptos enceguecidos por el odio social, producto de su abajismo rabioso, deslumbrados por el fanatismo que lleva al corazón de los humildes la falsa creencia de ser sus defensores, pero que más que esa falsa pose le agregan la agresividad y la violencia a las masas perredeístas que solo han servido para arrastrarlas contra sus adversarios en sentido contrario a la sensibilidad y la prudencia.

Ahora solo vemos crecer el desencanto y la frustración. Todo va camino al tiempo de la crisis política, de la crisis económica, de la crisis moral, de todo, de la existencia misma.

El gobierno vive bajo sospecha. Encuestas tras encuestas, grupos sociales, señalan la desconfianza que siente la mayoría de los ciudadanos respecto al partido gobernante y de su presidente en particular. Lo hacen culpable de todos los males que le llueven a los dominicanos hoy; los consideran como no honrados, se aprovechan del poder en beneficio propio; son prepotentes, engreídos, no cumplen sus promesas, y que en su totalidad, son incompetentes.

Esta gestión perredeísta genera obviamente un daño político profundo con consecuencias peligrosas para la estabilidad y el desarrollo democrático pues las constantes agresiones a la libertad, a la confianza y a la seguridad jurídica, aumentan las posibilidades de comenzar a buscar soluciones fuera del camino democrático. Ya no son solo amenazas de usar el poder, no solo son bravuconadas o expresiones jocosas, los primeros síntomas ya están presentes: imposición de reformas, ausencia de participación, resquebrajamiento de la representación, riesgos a la gobernabilidad. La brecha de desconfianza y de mal humor de los ciudadanos conscientes, de la gente humilde, laboriosa y decente, de la gente sensata de este país está crispándose a niveles peligrosos si hay intentos de escamoteo y de fraude electoral. El actual grado de impopularidad del gobierno es por la pérdida de la ética administrativa, y de manera particular, el crecimiento de la corrupción y de la impunidad que suele acompañarla.

La llamada «Ley de Lemas» que pretenden imponer desde la sentina congresual, es el nuevo veneno que ha irrumpido contra la débil democracia dominicana. Ley nacida en época conchoprimesca, 1910, nos conducirá a la construcción de viveros de tiranuelos, de caudillos y de falsos líderes; al uso del poder y del dinero al servicio de los oportunistas y vividores. Esa decisión funesta, catastrófica, solo servirá para arreciar la lucha entre la voluntad y la razón, entre la permanencia y el cambio, porque la crisis perredeísta ha querido torcer el rumbo del pueblo dominicano sacando del contexto de democracia la solución de su crisis. Nunca el pactismo cupular ha dejado secuelas positivas en la reforma del Estado, en búsqueda del «Estado eficaz»; por el contrario, siempre estos desvalores se convierten en decaeres para el Estado mismo. Las consecuencias de ese pactismo, y lo demuestra la historia reciente de nuestra incipiente vida democrática, ha estado destinado a proteger los intereses espúreos y asegurar la impunidad de muchos de los de siempre, claro, una minoría vergonzante aunque por desgracia no agonizante.

Confiemos en los medios legales contra el nuevo monstruo; confiemos en un poder judicial honesto, independiente y comprometido con poner fin a la impunidad y a la ruina institucional, para ayudar a recuperar la credibilidad tanto de la justicia como de la actividad política y la democracia. ¡Dios nos proteja, dominicanos!