Probablemente a ningún otro país le ha resultado tan costoso, como al nuestro, mantener el transporte urbano de pasajeros. Lo de caro no solo tiene que ver con sus tarifas, que son abusivas, y mucho menos con el costo de las unidades en servicio, que no podrían estar en peores condiciones. Lo más oneroso, que la gente suele pasar por alto, ha sido mantener desde 1966 hasta ahora la abundante burocracia creada para regular este servicio.

Desde 1966 hemos visto crear no menos de ocho organismos adscritos a la Presidencia de la República, que han tenido a su cargo dirigir y organizar el transporte público de pasajeros. Algunas de sus siglas son CTM, CTC, ONATRATE, OMSA, OTTT, AMET y OPRET, y no dude el lector que se nos haya escapado alguna. Pero de 1966 hasta nuestros días, cada vez ha sido peor el transporte urbano de pasajeros, por caótico, caro y por ser servido con unidades ruinosas.

Por medio de la Ley 256-12 se creó un fondo alimentado con una carga de RD$2.00 a cada galón de gasolina y gasoil, para promover el desarrollo vial y la renovación del parque vehicular del transporte público. No descartamos que parte de ese fondo haya sido usado para desarrollo vial, pero sí podemos asegurar que con el mismo ni siquiera se le ha renovado una llanta a una chatarra del transporte de pasajeros. Así andamos.

LENGUAJE DE GATILLO ALEGRE

El Ministerio Público tiene ante sí un homicidio cometido con saña por miembros de la Policía Nacional, que tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias. La muerte de Santos Florentino Méndez y su compañera Olga Lidia Arias Mercedes, las heridas a una tercera persona y el atropello a los hijos menores de edad de las víctimas, a manos de una patrulla policial, obliga a que el aparato judicial dé una respuesta contundente.

Los policías, vestidos de civil y sin orden judicial que los autorizara penetraron a la finca donde vivía la pareja y dispararon a matar. Las circunstancias que rodean el suceso obligan a que el Ministerio Público determine cuáles ingredientes impulsaron a estos policías a actuar al margen de ciertos protocolos comunes cuando se presume violación de la ley. Hay que desmontar en todos sus elementos este suceso horrendo que debe ser castigado.