El decreto 571-09, mediante el cual se establecen las áreas protegidas como medio de salvaguardar el medio ambiente, parece que fue producto de una pasión entusiasta por los que quieren salvar el planeta y no de algo mejor concebido y ponderado, que permita a los humanos un disfrute compartido de la ecología y aprovechamiento de los recursos naturales.

Tal como está redactado el decreto, con el señalamiento por coordenadas de cada una de las áreas protegidas, es poco lo que le queda a los interesados en investigar y aprovechar los recursos naturales explotables para permitir al país desarrollarse.

El aprovechamiento de los recursos del subsuelo, ha tropezado con los más diversos inconvenientes y trabas, interpuestos, tanto por los políticos en busca de mayores beneficios, o de una opinión pública motivada para que vea en toda inversión la maldad del capitalismo y la explotación pura y simple, para dejar tan solo hoyos y pobreza en donde se instalen para aprovechar los recursos no renovables.

Entonces, cuando en el mundo hay una corriente para salvaguardar los recursos y evitar una explotación indiscriminada, se hizo muy fácil al gobierno evacuar un decreto que debió ser mejor analizado para determinar si era conveniente en sus alcances, o buscar un término medio que le asegure al país recibir mayores beneficios para las actuales generaciones y las próximas, asegurando un futuro menos traumático que el actual presente, donde todos vivimos en constante zozobra.

El golpe más fuerte que asestara el decreto de marras será para la investigación y exploración de probables fuentes de hidrocarburos, ya que la tendencia y análisis primarios es que la plataforma marina adyacente a tierra firme de cada isla y país continental, ofrecen indicios de mayores probabilidades de encontrar yacimientos atrapados en esas zonas, y más en la placa del Caribe de conocida riqueza, que ha aportado a Venezuela los recursos para hacerse imprescindible para la estabilidad de los países más pobres, revoleteando en su derredor, en espera de la migaja condicionada al gusto y propósitos de quienes gobiernan ese país sudamericano.

La minería y el aprovechamiento de los recursos de los hidrocarburos en el país están colapsados. Con el decreto 571-09 se ha provocado una parálisis de quienes ya tenían derechos de exploración autorizados por el gobierno. Ahora se les impide continuar esas actividades, ya que el país será un vergel, y hasta el turismo se vería afectado, dependiendo de la peculiar interpretación que ya sabemos recurren los funcionarios de pocas luces técnicas o culturales. Y es que están a la caza de los beneficios que se derivarían de esas inversiones en explotaciones, para entorpecer las actividades hasta que el inversionista se ponga a tono con las exigencias de los políticos.

Con el decreto el gobierno contribuye a que se fomente más la corrupción para llegar hasta el desconocimiento pura y simple del decreto para obviar el mismo. Entonces surgirían aquellos favoritos del régimen que podrían continuar con sus trabajos de exploración, y hasta de explotación en condiciones muy favorables para ellos, pero perjudiciales al país y desplazando a empresas serias que creyeron en la formalidad del Estado para garantizar las inversiones.