En Bonao reina la mortificación en la población ante  insistentes rumores de que la minera Falconbrigde  cerrará de manera total. Si esto ocurre, se comenta en la localidad norteña, los 800 empleados que han quedado trabajando irían a las calles. “Se nos ha dicho que sólo quedarán los guardianes”, comentó una fuente.

BONAO.-  El ex senador Oscar Santiago Batista calificó como preocupantes las informaciones que circulan en la región  referentes al posible cierre de la totalidad de las operaciones de la minera Xtrata Nickel,   instalada en la loma Peguera,  de aquí.

Dijo Batista, que esas mismas informaciones señalan que la decisión de cerrar tiene su origen en la deuda  que por 35 millones de dólares mantiene con la  empresa la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), por energía servida y no pagada, en los últimos meses.

Señaló el dirigente reformista que de llevarse a cabo el cierre definitivo de esa empresa  minera serían despedidos más de 800 trabajadores, lo que sumado a los 900 cesanteados en diciembre del pasado año 2008, se estaría hablando de cerca de 2000 puestos de trabajo perdidos en los últimos siete meses en la provincia.

Puntualizó Santiago Batista que estos despidos afectarían a cerca de 15,000 personas directamente, lo que agravaría la crisis social en la provincia, el Cibao, y todo el país.

 Recordó que en el anterior despido,  el Gobierno dominicano asumió el pago de sesenta millones de pesos, que los trabajadores debían a su cooperativa.

Otra de las graves consecuencias  que provocaría dicho cierre, sería el aumento del déficit  energético en más de un 10%, y el incremento de los odiosos apagones, en todo el país.

 Batista solicitó al presidente de la República, doctor Leonel Fernández que una vez comprobada dicha deuda, ordene su pago, y así evite el despido de más de 800 trabajadores, además del  incremento de los apagones.

Más 800 familias

El dirigente reformista dijo que de llevarse a cabo el cierre definitivo de esa empresa  minera serían despedidos más de 800 trabajadores, lo que sumado a los 900 cesanteados en diciembre del pasado año, se estaría hablando de cerca de 2,000 puestos de trabajo perdidos en los últimos siete meses en la provincia. Aseguró que esos despidos afectarían directamente a unas 15 mil personas, agravando la crisis social.