El senador Tonty Rutinel Domínguez anunció ayer que apoderará a la Cámara de Diputados de todas las pruebas sobre las «irregularidades graves» que, según alega, han cometido los miembros de la Cámara de Cuentas, a fin de iniciarles un juicio ante el Senado que terminaría, conforme a la Constitución, con la destitución de esos funcionarios públicos.

El presidente de la Comisión de Modernización del Congreso y la Cámara de Cuentas advirtió que si los miembros del organismo fiscalizador del Estado no renuncian, como les ha solicitado, procederá contra ellos a través de la Cámara de Diputados.

Rutinel Domínguez manifestó que también apoderará de las pruebas que tiene contra esos funcionarios, a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Procuraduría General de la República y el Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO).

Informó que entregó ayer la documentación a la representación local del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que auspicia el programa de modernización del Congreso y la Cámara de Diputados.

El senador por la provincia Santo Domingo dijo que los representantes del BID le informaron que remitirán esos documentos a la sede central del organismo crediticio internacional, en Washington, Estados Unidos.

Rutinel Domínguez insistió en que si esos funcionarios no renuncian o el Senado no autoriza la auditoría financiera a la Cámara de Cuentas, iniciará el proceso constitucional de juicio contra los miembros de institución del Estado.

El artículo 26 de la Constitución establece como atribución exclusiva de la Cámara de Diputados ejercer el derecho de acusar ante el Senado a los funcionarios públicos en los casos determinados por el artículo 23 de la ley de leyes.

La acusación, agrega, «no podrá formularse sino con el voto de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros de la Cámara».

El artículo 23 cita entre las atribuciones del Senado conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra los funcionarios públicos elegidos para un período determinado, por mala conducta o faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

«En materia de acusación -precisa-, el Senado no podrá imponer otras penas que las de destitución del cargo. La persona destituida quedará sin embargo sujeta, si hubiese lugar, a ser acusada y juzgada con arreglo a la ley.

«El Senado no podrá destituir a un funcionario sino cuando lo acordare por lo menos el voto de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros», expresa el artículo 23 de referencia.

Pese a las denuncias de irregularidades formuladas por Rutinel Domínguez, el Senado ratificó el martes pasado a los miembros de la Cámara de Cuentas de ternas que le sometió el Poder Ejecutivo.

De los nueve miembros, el bufete confirmado lo integran los doctores Máximo Castillo Salas, presidente, y Héctor Bienvenido Dotel Matos, vicepresidente, así como el licenciado Mario Antonio Alba Morillo, secretario.

Dos de los miembros de la Cámara de Cuentas, los doctores Raúl Reyes Vásquez y Mayra Cochón Trujillo, renunciaron a sus cargos mediante una carta al Senado en que denuncian severas irregularidades supuestamente cometidas por el bufete directivo de la institución.