La Policía dispuso ayer el retiro de 31 miembros de la institución que estaban destacados en Puerto Plata y de 20 que estaban de puesto en Bonao. Varios de estos policías, entre los que se encuentran oficiales, están acusados  de diversos delitos, incluyendo asociación de malhechores, asesinatos y complicidad con narcotraficantes. Ayer tarde se conocerían medidas de coerción a oficiales y subalternos, en Puerto Plata, pero fue imposible por  protestas de familiares de las víctimas.

PUERTO PLATA. Las  protestas escenificadas por familiares  amigos y vecinos de tres jóvenes, incluso dos hermanos,  ejecutados  en enero por una patrulla, impidieron que se conocieran las medidas de coerción que serían dictadas  a 20 oficiales y subalternos de la Policía acusados de extorsión, complicidad con el narcotráfico y de cometer crímenes por encargo.

La audiencia  estaba prevista para a las 4:00 de la tarde, pero desde las primeras horas,  grupos de personas permanecían en la parte frontal de la cárcel preventiva del palacio de justicia,  exigiendo castigo para quienes consideran agentes corruptos y los responsables de quitarle la vida a los hermanos José y Urdí Cabrera Peña, así como a su amigo Julio César  García Almonte (El Santiaguero), en un alegado  intercambio de disparos.

La seguridad en torno al recinto fue  reforzada, incluso, el tránsito por la calle Beller fue desviado, obligando a conductores  a tomar otras vías alternas.

Desde la acera del frente, los manifestantes vociferaban  improperios contra los policías, a los cuales consideran asesinos y cómplices de los narcotraficantes y exigían  todo el peso de la ley.

Las autoridades judiciales   pasaron varias horas  reunidas analizando la situación que podría presentarse en el tribunal en caso de que los manifestantes prosiguieran con la actitud. Unos 10 abogados que defenderán a varios de los inculpados dijeron que se aprestan en las primeras horas de hoy  a solicitar un recurso de hábeas corpus a favor de los agentes, ya que no existe acusación alguna de parte de la fiscalía de Puerto Plata.

Los procesados son parte de un grupo de 31, cuya cancelación dispuso la Policía, que también puso a disposición de la justicia a 20 de sus miembros asignados a Bonao,  acusados de cobrar peajes como parte de transacciones ligadas al tráfico de drogas.

Al primer teniente José Daniel Cepeda Rubio, al sargento mayor Rafael Lora Rosario y al cabo Addier Miguel Mustafá se les acusa de la muerte de los hermanos José y Ruddy Cabrera Peña y de Julio César García Almonte, en un hecho ocurrido el 2 de enero.

Están vinculados en el mismo hecho, y acusados de asociación de malhechores, el coronel Frank Félix Almonte, el segundo teniente Pedro Pablo Toribio, el sargento mayor Joaquín Antonio Roque, el sargento Jeremías Morales, y el raso Wellington Almonte.

En otro caso, el sargento David Núñez, el cabo Radhamés del Rosario y los rasos Francisco Javier Cruz y Jefri Paula tienen cargos de complicidad, asociación de malhechores y de propinarles heridas a Luis José Rodríguez, Maribel Mejía y Jenny López, supuestamente  cumpliendo  órdenes del francés Assen Akrabou y del alegado narcotraficante Franklyn Domingo Hidalgo, según el informe.

La información se ofreció  en una rueda de prensa en la sede de la Policía, donde el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ofreció los detalles de las recomendaciones que hizo una comisión de investigadores que indagaba las denuncias de acciones inadecuadas cometidas por los agentes policiales. 

Las claves

El crimen y seguridad

La moral de los organismos de seguridad del Estado ha quedado cuestionada por la participación de decenas de sus agentes en acciones delictivas. Entre los casos más contundentes se citan el asesinato de siete supuestos  narcotraficantes en Paya, Baní, en agosto de 2008, en el que están vinculados oficiales de la Policía y la Marina de Guerra, y  el atraco a la empresa Parmalat, dirigido por un oficial de la Fuerza Aérea y en el que estarían envueltos otros agentes.