Sacerdotes cuestionaron el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se plantea que el Estado dominicano designa el catolicismo como la religión oficial y otorga privilegios especiales a la Iglesia Católica por encima de otros grupos religiosos.

El reverendo padre Nelkys Acevedo, del Santuario Arquidiocesano Nuestra Señora de la Altagracia, sostuvo que se habla de los favores que recibe la iglesia, pero omiten los que esta hace por el bien de la sociedad y de los más necesitados.

En cuanto a las excepciones de impuestos, que estableces el documento como unos de los supuestos beneficios, dijo que a la Iglesia Católica se le permite no pagarlos porque funge como una fundación sin fines de lucros.

«Cuando la iglesia compra un vehículo, hay una excepción de los impuestos, pero porque será utilizado en pos de la sociedad, es decir, no como un bien propio de la iglesia sino de la sociedad», explicó el religioso.

Nelkys Acevedo agregó que «no son privilegios, sino un acuerdo mutuo».

«Nosotros somos un país católico y el Gobierno muchas veces interviene en la construcción de los templos, porque la sociedad es demandante y el Gobierno está para escuchar a la sociedad que demanda, en su mayoría católica», añadió.

Además, el párroco negó que el concordato otorgue a la Iglesia Católica pleno acceso a las cárceles, y que sea el único grupo religioso legalmente garantizado con acceso a los privados de libertad.

Sobre el informe

Según indicó el Departamento de Estado, a través del reporte «República Dominicana Informe Internacional de Libertad Religiosa 2022», a la Iglesia Católica «incluyen la financiación de los gastos de la iglesia, incluida la administración y la construcción, las excepciones de visa y las exenciones de los derechos de aduana para funcionarios de la iglesia».

También denuncia que «los miembros de grupos no católicos continuaron expresando su preocupación con respecto a la preferencia del Gobierno por la Iglesia Católica, la falta de protección legal explícita para las iglesias no católicas más allá de lo que establece la Constitución y el tratamiento de las iglesias no católicas como organizaciones no gubernamentales (ONG)».

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