Hoy 
POR JUAN M. RAMIREZ
Siete sacerdotes que pastorean los sectores más vulnerables del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo atribuyeron a la irresponsabilidad de los gobiernos y la falta de voluntad política, que miles de familias habiten zonas de alto peligro, como orillas de ríos, cañadas, altas pendientes y lagunas, expuestas a ser arrastradas en período de lluvias y de huracanes.
Entrevistados por separado, los sacerdotes Nelson Acevedo, de Villa Mella; Luis Obispo y Ramón Suero, de Sabana Perdida; Gregorio Alegría, de Los Mina; Julio César Martínez, de La Ciénaga y Los Guandules; Joselito Beltré, de Las Cañitas, y Modesto Taveras, del Simón Bolívar, propusieron al Gobierno que a las personas que habitan zonas vulnerables se les busque una solución definitiva, no paliativa como la entrega de RD$15 mil a damnificados sin ninguna planificación.
Dijeron que la tormenta Noel se encargó de desnudar los grandes cinturones de miseria que rodean a las ciudades, como los que habitan las márgenes de los ríos Ozama e Isabela, así como otros que viven al lado de otras fuentes no menos peligrosas, en La Victoria, Los Arqueanos y Los Guaricanos, para citar algunos ejemplos.
El padre Beltré, párroco de la iglesia Ascensión del Señor, en Las Cañitas, definió como muy penoso el estado en que viven cientos de familias a orillas del río Ozama y de cañadas, lo que se manifestó con el paso de Noel.
Dijo que ha visitado el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) para que vayan en auxilio de damnificados, pero que ha sido imposible, ya que su directora, Alma Fernández, siempre está ocupada.
Acevedo, párroco de tres iglesias en Villa Mella, dijo que pastorea comunidades que prácticamente son una mesopotamia, enclavadas entre cañadas que no fueron arrasadas porque pudieron salir a tiempo y refugiarse en la escuela de Paraiso.
Suero párraco de tres iglesias en Sabana Perdida, y Obispo, quien tiene a su cargo dos iglesias, estiman que muchas familias deben ser reubicadas en lugares seguros, porque viven en condiciones infrahumanas, como en Lagunas y otras prácticamente dentro del río Isabela, en la Barquita.
Confían en que las autoridades no se olviden de las personas que habitan esos lugares y que cumplan con el compromiso que asumió el Presidente de la República de que nadie vivirá en zonas de peligro.
Aclararon que en caso de que las familias sean trasladadas a lugares dignos, las zonas desocupadas sean declaradas de inmediato de utilidad pública, sembradas de árboles y vigiladas para evitar que vuelvan a ser habitadas.
Alegría, de Los Mina, criticó el que a los damnificados que ocupaban las escuelas las autoridades entregaran RD$15 mil, sin ningún plan, lo que provocó que volvieran a los lugares de donde fueron sacados por los organismos de socorro el pasado 29 de octubre, muchos sobre techo y con el agua al cuello.
Tavera, de la iglesia Perpetuo Socorro, en barrio Simón Bolívar, observa falta de voluntad política de los gobiernos para enfrentar el problema de vulnerabilidad en que viven miles de familias.
Atribuyó a la falta de planes habitacionales y de uso de suelo que tanto dominicanos vivan como quiera y en cualquier lugar, lo que dicta mucho de un Estado organizado.
Martínez, pastor en La Ciénega, Los Guandules y Guachupita, sostuvo que si el Gobierno hubiese implementado el Plan Cigua, que se elaboró en 1998, hoy el panorama fuera distinto.
