El reto de regular la Banca abierta es grande, pero no debemos rehuir porque el país se privaría de sus beneficios
Con las tecnologías que acompañan a las Fintech han venido acompañadas, también llega la Banca Abierta, que como indica el adjetivo, es la apertura de los productos, servicios y datos de los clientes de los bancos a otras organizaciones (otros bancos o terceros autorizados), con el objetivo de aumentar y mejorar la oferta de los servicios financieros.
En otras palabras, la Banca Abierta es el proceso que promueve que los proveedores de servicios financieros compartan los datos de sus clientes, previa su autorización, facilitando el acceso a préstamos otorgados por vía digital y permitiendo la realización de pagos y transacciones electrónicas sin necesidad de acudir a una oficina bancaria, lo cual permite reducir costos.
Son muchas las oportunidades que ofrece la Banca Abierta para la inclusión financiera, al brindar acceso a los servicios financieros a personas y pequeñas empresas que no tienen acceso a la banca convencional, pero como en todo nuevo camino, y más aún cuando se trata de compartir datos financieros de clientes, se debe avanzar con cautela, con mucho cuidado, para no tropezar con piedras que puedan causar daños a clientes y proveedores. Para lograrlo se requiere de un blindaje con la regulación.
Y es prometedor saber que la asociación que agrupa a más de 160 empresas Fintech en el país (Adofintech) trabaja con la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA) y está en disposición de colaborar con las autoridades para impulsar la Banca Abierta.
Hasta el momento el país no tiene esa regulación, a pesar cuenta con la “Ley núm. 172-13 de la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados”, la cual permite que, con la autorización del cliente, una entidad bancaria pueda compartir sus informaciones financieras por lo que no hay una limitación al respecto, siempre y cuando cumpla con los principios éticos que indica la Ley.
Pero como aclara la experta Melissa Brito, esta ley se enfoca en regular a las Sociedades de Información Crediticia, no directamente a los terceros proveedores de servicios financieros de empresas FinTech.
De manera que hay que trabajar la regulación de la Banca Abierta para obtener un marco regulatorio robusto que minimice los riesgos que conciernen a la seguridad y la confidencialidad de los datos, asegurando que los bancos cumplan con rigurosidad la obligación de proteger los datos personales y sean rigurosos en la protección de los intereses de los consumidores y de la integridad de la industria financiera.
El reto es grande, pero no debemos rehuir porque no asumirlo sería privarnos de las grandes oportunidades que ofrece la Banca Abierta. El estudio de cómo lo han hecho otros países podría ayudarnos.
Por ejemplo México, para no salirnos de la región, ha implementado a partir de 2018 la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera o Ley Fintech, en el cual se establece la regulación para entidades no bancarias que ofrecen servicios de pagos electrónicos y financiamiento colectivo.
Dentro de esta legislación se establece que la banca tradicional y otras entidades financieras deben de compartir su información con terceros, permitiendo el intercambio de datos con el propósito de mejorar la oferta de productos financieros dirigidos a los usuarios finales.
Esta Ley Fintech, a su vez, faculta el intercambio de datos con empresas no financieras, convirtiendo a México en el primer país en permitir esta forma de intercambio. Pero a pesar de tratarse de una legislación avanzada, México ha enfrentado obstáculos considerables para lograr una adopción plena de interfaces de programación de aplicaciones de los proveedores que permitan un funcionamiento óptimo de la regulación.
De manera que de esa y otras experiencias podemos tomar para saciar nuestra sed reguladora en materia de Banca Abierta.