Tras las consultas electorales del 2020 que lo sacaron casi absolutamente del poder, la prioridad para el Partido de la Liberación Dominicana estaría siendo, como hacen entender declaraciones a la prensa, distanciarse del efecto cenagoso que para su crédito público configuran los envíos a investigación o a tribunales a connotadas figuras (y hasta cercanos familiares) de la organización política que nació del pensamiento y acción de uno de los gobernantes que los dominicanos más conectan con el manejo pulcro de los recursos del Estado: Juan Bosch.

Aun bajo el rotundo postulado que especifica que cada quien debe responder por sus hechos y que las culpabilidades debían establecerse individualmente, parecería cuesta arriba lograr que en la atención de la sociedad, aquello que supuestamente había ocurrido como actos de corrupción atribuibles a altas instancias, quedara separado del marco político y partidario al que han pertenecido los investigados.

Estaría por verse, y algunos antecedentes indicarían que tiene sentido confiar en el rápido olvido de las masas, si daría apreciables resultados para el futuro electoral la táctica de actuar como si nada hubiera ocurrido, o no mereciera mínima repercusión, lo infamante que conmociona cada hebra de la comunicación nacional en este momento. Sería tanto como pretender sustraerse de los efectos de un sismo de 8 grados en la escala Ritcher a pocos metros del epicentro.

El silencio casi sepulcral y desconcertante para buena parte de la opinión pública asumido por el expresidente Danilo Medina a pesar de su cercanía a la hoguera encendida por el Ministerio Público contra dos de sus hermanos, dos de sus cuñados y el ex jefe de su seguridad, trazó una pauta de hermetismo seguida por los núcleos más identificados y comprometidos con su pasada gestión.

En un principio se limitó a decir, antes de retornar al mutismo, que las acusaciones constituían «una traición» sin entrar en detalles.
No lejos del momento en que el callar parecía trazado como estrategia para mantener en segundo plano el revuelo de las inculpaciones, Charlie Mariotti, secretario general del partido de la enseña morada, señaló que la organización se concentraba en la renovación interna de sus organismos y no en hacer oposición política, debido a que tenía mandato de un congreso recién finalizado.

En algún otro momento matizó para dar a entender, en respuestas a preguntas de prensa sobre la forma en que la organización se desentendía de escandalosos expedientes, que lo prioritario de ese presente era jugar el papel de opositor a la administración de Luis Abinader.

Sí, pero no. En medio del estruendo mediático causado por allanamientos y conducencias de pocos precedentes en materia de persecuciones que afectaran liderazgos partidarios acabados de salir del poder, Mariotti llegó después a conceder el beneficio de la duda a los fiscales diciendo que todos aquellos compañeros del partido que cometieron «algunos tipos de ilícitos» debían entender que la responsabilidad es individual.

«El PLD como PLD no ha enviado a juristas para defender a nadie», citó como para poner distancia de la posibilidad de que alguna vez se fuera a asumir ese papel que le haría correr el riesgo de aparecer como parte interesada y corresponsable de alegados peculados.

Pero eso era lo que él personalmente entendía, sin impedir que pronto se dejara escuchar otra campana: el dirigente peledeista Ramón Tejada Read, de resonante vocería por radio y televisión, se declaró partidario de que el PLD «responda el acoso, las amenazas y burlas de que es objeto» exponiendo y defendiendo su obra de gobierno. Entendía que la nueva gestión del Estado trataba de llevar al PLD a combatir en el terreno judicial, «para seguir distrayéndolo, dividiéndolo y paralizarlo, que es el objetivo final».

Llegando más lejos en el propósito de ir a la guerra verbal contra las persecuciones del Ministerio Público, el senador por la provincia Independencia, Iván Lorenzo (PLD), llegó a decir que el país se encontraba ante un «terrorismo judicial», atribuyendo al gobierno de Luis Abinader, sin elementos de comprobación, tener a su control las acciones de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa aunque el criterio predominante en sectores de opinión pública y del mundo político es de que se trata de autoridades que actúan con inusual independencia.

Guerra avisada. Mientras van en marcha los expedientes de corrupción que arrojan sombras sobre el PLD, y darían motivos para cuestionar la capacidad de su dirigencia para salvar al partido de escabrosas incriminaciones, desde su Comité Político ascienden voces de integrantes dispuestos a dar batalla para correr por la candidatura presidencial 2024.

Para el actual alcalde del municipio de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, la organización fundada por el profesor Juan Bosch se garantizaría el retorno al poder si no se incurre de nuevo en imponer a un candidato «para luego perder». Implícitamente, desde su punto de vista, la tormenta de encausamientos que lleva a algunos analistas a ver como impredecible a mediano plazo el futuro del PLD, no le arrojaría consecuencias electorales negativas, aun siendo un match judicial de proporciones inauditas.

«Si no deponemos los egos y los intereses particulares a un lado, si no logramos grandes alianzas con otros partidos políticos y otras fuerzas de la sociedad, no vamos para ningún lado». Martínez lograba aparecer regularmente como distanciado de la polarización Leonel-Danilo que finalmente dividió al PLD y que, por esa causa, redujo significativamente sus posibilidades de retener el poder.

De su lado, Francisco Domínguez Brito, exprocurador e integrante del gabinete del danilismo, opta, en un aparente resurgir de sus aspiraciones a la candidatura presidencial morada, por montar trinchera asegurando que el PLD no se callará «ante la negligencia, deficiencia administrativa e inhumanidad del actual gobierno, que está ocasionando que el Estado se desmorone y que la gente esté atravesando por situaciones económicas y de salud muy críticas». Echando el pleito antes de tiempo, enfila cañones contra el prestigio del gobierno antes de, eventualmente, bajar al ruedo electoral.